Empresarios de Estados Unidos y Europa son cada vez más vulnerables a los mismos abusos a los que China somete a activistas por los derechos humanos y disidentes políticos, alertó el grupo Human Rights Watch/Asia (HRW).
En un informe difundido este miércoles, la organización humanitaria con sede en Nueva York acusó a la comunidad internacional de poner los beneficios delante de cualquier otro asunto en sus tratos con Beijing.
HRW presionó infructuosamente a Washington para que negara a China la categoría de "nación más favorecida", lo cual supone beneficios arancelarios, y ahora gestiona la negativa a la asociación del país asiático a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Mientras tanto, analistas en Washington argumentaron que la presencia de empresarios extranjeros en China mejoró la situación de los derechos humanos en ese país, y pusieron en cuestión la capacidad de la comunidad internacional para alcanzar los cambios dramáticos que procura HRW.
"Los graves abusos contra los derechos humanos en China también perjudican al empresariado", según un informe del grupo humanitario titulado "China: el costo de priorizar los negocios.
En ese sentido, mencionó "el incumplimiento de leyes que dejan a empresarios extranjeros y reformadores de la economía vulnerables a detenciones arbitrarias como aquéllas a que se somete a los disidentes".
Uno de los más dramáticos ejemplos de detención arbitraria, recordó el grupo humanitario, es el caso de Hong Wang, ciudadano chino que trabaja para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.
A pedido de Beijing, Hong fue incluido en una misión del FMI que visitó China a fines del año pasado. Después de su llegada, fue acusado de soborno, arrestado y condenado a por lo menos 10 años de prisión. Según HRW, la acusación "se fabricó en el marco de una lucha interna en el banco central de China".
La directora ejecutiva de HRW/Asia, Sidney Jones, dijo que el caso de Hong "conmovió a mucha gente".
Este episodio, junto con otros mencionados en el informe, dejaron en la comunidad internacional la idea de que "las operaciones comerciales están amenazadas por el mismo tipo de acciones que enfrentan los activistas políticos y de derechos humanos" en China, agregó.
"Estos no son dos mundos completamente separados", sostuvo Jones.
Nicholas Lardy, alto ejecutivo del centro de estudios Brookings Institution, con sede en Washington, contradijo la afirmación de Jones y dijo que los empresarios "no están demasiado preocupados por que el caso de Hong siente precedentes".
"De las decenas de miles de extranjeros que hacen negocios en China, los que fueron arrestados suman una cantidad muy paqueña", aseguró Lardy, quien agregó que corren más riesgos de detención quienes cumplan tareas similaresen Rusia.
"China apela cada vez más al comercio y a la diplomacia para silenciar las críticas hacia sus violaciones de derechos humanos, y los gobiernos del mundo, obligados a elegir entre los principios y la ganancia, optan por la ganancia", según HRW.
El grupo mencionó en ese sentido el bloqueo de Francia en marzo a una resolución de Naciones Unidas que exhortaba a China a mejorar sus prácticas de derechos humanos. París procuraba entonces sellar un contrato de venta de aviones a Beijing.
HRW dijo que la mejor expresión del "conflicto entre derechos humanos y comercio" es la renovación por parte del gobierno de Estados Unidos de la categoría de "nación más favorecida" concedida a China.
El presidente Bill Clinton renovó en mayo de 1994 esta categoría, a lo cual se había opuesto en la campaña electoral que lo condujo a la Casa Blanca en 1992. Washington reiteró la decisión en mayo de este año, y el Congreso la aprobó por una abrumadora mayoría.
La renovación de la categoría de "nación más favorecida" marcó "un triunfo de la diplomacia comercial bajo la premisa de que la libre empresa conduce a una sociedad libre", según el informe de HRW.
"Dos años más tarde, la economía de mercado está en auge en China, pero existe poca evidencia de una sociedad más libre o de mayor respeto hacia los derechos humanos", agregó el grupo.
El "combate draconiano contra el crimen" y la "severa represión" del nacionalismo en Tibet, Xinjiang y Mongolia Interior son evidencias del deterioro de los derechos humanos en China, de acuerdo con la organización.
Los activistas por los derechos humanos se dedicarán ahora a presionar sobre el trámite de ingreso de China a la OMC, al que intentarán condicionar a mejoras la situación de los derechos humanos en el país.
Pero Lardy, al igual que otros analistas, afirman que estas gestiones fracasarán.
Lardy dijo que existe "posibilidad cero" de que estados miembros de la OMC incluyan mejoras en materia de derechos humanos entre las condiciones para que el país asiático ingrese al organismo.
Esta decisión, afirmó, "dependerá solo de factores económicos, no de consideraciones políticas". Además, sostuvo, Beijing "perdió interés" en ingresar a la OMC porque "el precio que los países socios reclaman para la incorporación es demasiado elevado" en términos económicos.
El experto manifestó que si China se asociara a la OMC debería efectuar drásticos cortes a sus empresas estatales que, aunque suponen una pequeña parte de la producción nacional, emplea más de 150 millones de personas.
La mano de obra ocupada en el sector aumentó 50 por ciento desde que comenzaron a implementarse las reformas, explicó Lardy.
"Pensar que el mantenimiento de China fuera de la OMC obligará al país a respetar los derechos humanos es una ingenuidad", coincidió Nancy Bernkopf Tucker, profesora de Historia en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.
La oposición a la renovación de la categoría de "nación más favorecida" y al ingreso a la OMC daña al sector privado, el "más amistoso de la liberalización", según Tucker.
La posición de China respecto de los derechos humanos es amplia, pues incluye el derecho a una vivienda decente, atención a la salud y alimentación apropiada, agregó la experta. El sector privado fue el que aceitó el "enorme progreso" que se registró en esas áreas en los últimos años, afirmó.
Tucker sostuvo que los empresarios extranjeros proveen un "mejor ambiente laboral" que el de la industria estatal, pero coincidió con HRW en que las negociaciones con China deberán enfatizar más en la liberalización política y social.
"Los empresarios estadounidenses y los europeos pueden ser criticados por poner los beneficios económicos delante de todo", dijo la especialista. (FIN/IPS/tra-en/pz/fn/mj/hd if ip/96
