El ex dictador y actual jefe del ejército de Chile, general Augusto Pinochet, fue denunciado hoy ante la justicia española por genocidio y terrorismo.
La denuncia fue presentada a un juzgado de guardia de la ciudad de Valencia y firmada por Miguel Miravet en su carácter de presidente de la Asociación Progresista de Fiscales.
Miravet es, además, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Comunidad Autónoma situada en las orillas del mar Mediterráneo.
También fueron acusados el almirante Toribio Merino y los generales Gustavo Leigh y César Mendoza, los tres en situación de retiro, quienes integraron junto a Pinochet la junta militar de gobierno instalada tras el derrocamiento el 11 de septiembre de 1973 del entonces presidente constitucional Salvador Allende.
Entre las víctimas identificadas por Miravet figuran seis ciudadanos españoles. La denuncia y el proceso judicial que se inicia con ella adquieren particular importancia a la vista de declaraciones del canciller español Abel Matutes.
Matutes afirmó este semana que si la justicia española pidiera la extradición de los militares que integraron el régimen de facto de Argentina (1976-1983), su gobierno tomaría el caso "con gran interés".
Los estados miembros de la Unión Europea (UE) están facultados por su legislación y por tratados internacionales para juzgar los delitos denominados "universales", aunque no tengan lugar en su territorio.
Se trata del genocidio, el terrorismo, la piratería, la falsificación de moneda, el tráfico ilegal de drogas y la "trata de blancas".
La denuncia presentada en Valencia invoca la jurisdicción universal para juzgar a responsables de episodios de terrorismo y genocidio. También solicita al juez que pida al ministro de Justicia e Interior (General Attorney) de Estados Unidos información vinculada con las acusaciones formuladas contra la antigua junta militar chilena.
En concreto, se solicita la información disponible en las agencias del gobierno norteamericano, o en los archivos de éste, relativa a los crímenes internacionales y contra la humanidad atribuidos a la dictadura chilena (1973-1990) o a sus agentes, dentro de las fronteras de Chile o de cualquier otro estado.
La denuncia expone el asesinato o "detención-desaparición" de personas cometidos por orden de la junta militar. En el caso de personas desaparecidas, se señala en la documentación presentada, la prescripción no puede admitirse mientras no conste que la ejecución del delito ha terminado, sea con la liberación del detenido o con la comprobación de su muerte.
También se describen los hechos que llevaron a la muerte violenta de Allende y el asesinato en 1974 del ex comandante en jefe del ejército y ex vicepresidente de Chile, general Carlos Prats, muerto en Buenos Aires junto a su esposa.
Así mismo, se señala el asesinato en Washington, hacia 1976, del ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier y de su colaboradora Ronni Moffit, y los atentados contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton y el ex senador Carlos Altamirano, perpetrado el primero en Roma, en 1975, y el segundo en Madrid, 1976.
La oposición a Pinochet y organismos humanitarios de todo el mundo acusaron públicamente a la junta militar de haber ordenado esos atentados, y los países en que se cometieron no han reconocido validez a la amnistía dispuesta en Chile para los responsables de violaciones de derechos humanos.
En el caso de que la justicia española condenase a los acusados, la sentencia tendría dos efectos. El primero sería la orden a través de Interpol (Policía Internacional) de búsqueda y captura de los inculpados, que no podrían entonces abandonar Chile sin ser detenidos.
El segundo, de medio plazo, sería la solicitud de extradición de los condenados, que quedaría sujeta al texto de acuerdos bilaterales y al desarrollo mismo del juicio.
Los antecedentes abundan. En España, el juez Baltasar Garzón aceptó a trámite, la semana pasada, una demanda contra los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina.
Un militar argentino, el capitán Alfredo Astiz, fue juzgado en rebeldía por un tribunal de Francia y condenado a prisión perpetua por el asesinato en Buenos Aires de dos religiosas francesas.
Astiz también está procesado en Suecia por el asesinato de la adolescente Dagmar Hagelin. En Italia se encuentran procesados otros 90 militares argentinos por la muerte o desaparición de ciudadanos italianos en Argentina.
Mientras, en Estados Unidos se ha incoado sumario contra el general argentino Guillermo Suárez Mason por delitos continuados de tortura, secuestro y desaparición de personas.
Así mismo, un juez federal de Boston condenó en rebeldía, en 1995, al ex ministro de Defensa de Guatemala, general Héctor Gramajo, por el secuestro y tortura de la ciudadana estadounidense Dianna Ortiz, e impuso al sentenciado el pago de una indemnización de cinco millones de dólares.
Con todos esos antecedentes y la invocación de leyes de Estados de la Unión Europea y de tratados internacionales, los acusadores de Pinochet y de sus colaboradores esperan lograr una condena firme. Después, según reconocen, deberán lograr que la sentencia se cumpla. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/96)
