El paro del yacimiento carbonífero de Lota, en el sur de Chile, cumplió hoy 50 días de duración en un cuadro altamente conflictivo que cuestiona en el plano social el exitoso modelo económico seguido por el país.
La huelga, iniciada por el despido de 97 trabajadores, replanteó el debate sobre la reconversión productiva de la zona minera situada unos 550 kilómetros al sur de Santiago, cuyas actividades ya no son competitivas.
El yacimiento submarino de Lota, propiedad de la estatal Empresa Nacional del Carbón (Enacar), tiene altos costos de explotación y su mineral resulta más caro y de inferior calidad energética que el importado.
Pero los mineros y sus familias, así como las autoridades locales, advierten que no aceptarán un cierre de la mina, mientras el gobierno del presidente Eduardo Frei acusa a los huelguistas de "inflexibles" en la búsqueda de soluciones.
Las conversaciones entre los dirigentes sindicales y la Corporación de Fomento (Corfo), ente gubernamental que administra Enacar, están paralizadas desde el domingo, cuando los 1.800 trabajadores de la mina rechazaron un protocolo de acuerdo negociado en Santiago.
La huelga mantiene también paralizado a Lota, un municipio costero de 45.000 habitantes, formado desde comienzos de siglo en torno al yacimiento, que fue propiedad de la familia Cousiño, una de las más adineradas del país en ese entonces.
El alcalde Jorge Venegas, del cogobernante Partido Socialista (PS), señala que de la mina dependen directamente 10.000 habitantes de la comuna, si se considera a las familias de los mineros y los "chinchorreros".
Estos últimos son unos 200 trabajadores por cuenta propia y semidesempledos que viven de la recuperación secundaria del carbón que cae al mar en las faenas de embarque, a través de una labor sacrificada y sin ingresos fijos.
Se estima que 70 por ciento de la población de Lota vive en condiciones de pobreza, contra 28 por ciento a nivel nacional, y que la desocupación allí es de 16 por ciento, mientras a tasa del país es de 6,4 por ciento.
La pesca artesanal, así como algunas explotaciones forestales, no aparecen como opciones laborales ciertas para los mineros ni para los demás habitantes de Lota que mantienen actividades de servicio en torno al yacimiento.
El gobierno de Frei aprobó un programa de reconversión productiva de la zona carbonífera, con planes para capacitar a los mineros en otras actividades y atraer inversiones privadas en industrias pesqueras, agrícolas y forestales.
Los mineros, que heredaron el oficio de sus padres y abuelos, desconfían de la reconversión, mientras los gremios empresariales se resisten a invertir mientras el Estado no dé incentivos adicionales, sobre todo de carácter tributario.
Corfo necesita a su vez racionalizar las actividades de la mina, adecuando el gasto a los costos, lo que implicará en el corto y mediano plazo nuevas reducciones de personal como fórmula para impedir los traumas de un cierre total del yacimiento.
Las negociaciones para la solución del conflicto han tenido como uno de los puntos centrales de desacuerdo la exigencia de los mineros de que el gobierno cree un "puente" para la jubilación progresiva de los trabajadores con 18 años de actividad.
El ministro-presidente de Corfo, Felipe Sandoval, considera que esa demanda es desmesurada e implicaría una excepcionalidad inaceptable en relación a las normas del país, en que los hombres sejubilan a los 65 años de edad y las mujeres a los 60.
Los mineros alegan a su vez la excepcionalidad de su trabajo y de las condiciones de Lota y el dirigente sindical José Carrillo sostiene que el gobierno debe solucionar un conflicto generado por el "arbitrario y abrupto" despido de los 97 trabajadores.
En sus 50 días, la huelga ha registrado episodios dramáticos, como la huelga de hambre de 20 mineros y el viaje hace una semana a Santiago de un centenar de mujeres y sus pequeños hijos, que marcharon por el centro de la capital.
El conflicto creó roces en la coalición oficialista, por expresiones de apoyo a los mineros del PS, colectividad de tradicional influencia en Lota junto al opositor Partido Comunista, acusado a su vez por el gobierno de manipular la huelga.
El paro se ha mantenido por 50 días en buena medida gracias a la solidaridad material de los mineros del cobre, cuyos salarios del orden de los 2.000 dólares, multiplican hasta en 10 veces a los de sus empobrecidos colegas del carbón.
Al apoyo sindical se han sumado incluso estudiantes de acomodados colegios particulares de Santiago, que han organizado recolecciones de alimentos y dinero para los huelguistas. (FIN/IPS/ggr/dg/lb-pr/96
