Los discapacitados de la región del Caribe celebran una conquista que consideran un premio a su larga y dura lucha por la igualdad de oportunidades, al comprobar que los grupos defensores de los derechos humanos han incorporado sus reivindicaciones en los planes de acción.
De igual importancia, según los activistas de los derechos de los discapacitados, es el hecho de que los grupos de derechos humanos han aceptado que cualquier actividad emprendida en favor de las personas discapacitadas debe incluir a las diversas organizaciones regionales de este colectivo.
Esta precisión responde a las críticas que mereció el año pasado una resolución adoptada por Derechos Caribeños, la agrupación regional de todas las organizaciones de derechos humanos, a la que nada pudieron aportar los propios grupos de discapacitados.
En conscuencia, cuando Derechos Caribeños celebró este año en Barbados su Undécima Asamblea General Anual, hizo participar a la Organización Nacional de Discapacitados de Barbados (BARNOD) en la preparación de un proyecto piloto para promover los derechos de las personas discapacitadas.
El proyecto está destinado a formar a las personas discapacitadas en desarrollo personal, ayuda a sus iguales y defensa de sus derechos, a fin de llegar a contar con un núcleo de formadores entre los mismos discapacitados.
El objetivo de este proyecto es dar a esas personas la confianza en sí mismas y los conocimientos necesarios para que puedan lograr un cambio de las actitudes de la sociedad hacia ellas y presionar a los gobiernos para que éstos se hagan cargo de sus preocupaciones y problemas.
Las principales preocupaciones, según Maxine Williams, coordinadora de Derechos Caribeños, se refieren al empleo y al acceso a los edificios públicos, especialmente para las personas con discapacidades ortopédicas.
Williams sostuvo que la red regional de derechos humanos reconoce que, a pesar de que los discapacitados han conquistado algunos derechos básicos, esos derechos sólo estarán asegurados si esas personas tienen la voluntad y la posibilidad de luchar.
La formación para la defensa de sus derechos, por lo tanto, deberá orientarse a "dar a las personas discapacitadas la posibilidad de salir a conseguir los cambios necesarios", dijo.
El aprendizaje obtenido en el proyecto piloto que será desarrollado en Barbados se aplicará al perfeccionamiento de los programas que se ejecutarán en Bahamas, Belice, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y Suriname. (FIN/IPS/tra-en/ps/cb/arl/he/96
