Seis países de Africa del este y central acordaron hoy imponer sanciones económicas al régimen de Burundi, con la intención de que el nuevo gobierno retorne a las normas constitucionales.
En un comunicado emitido al cierre de una cumbre regional en Arusha, los líderes condenaron el golpe de Estado del 25 de julio, anuciaron sanciones económicas y dijeron que "ejercerán la máxima presión" sobre el régimen militar de Bujumbura hasta que regrese a la "normalidad".
La cumbre declaró su disposición a cooperar abiertamente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para permitirle que tome medidas para evitar una catástrofe en el país centroamericano.
Los líderes regionales también subrayaron la importancia de mayor cooperación y coordinación entre la ONU, la Organización de la Unidad Africana (OAU) y los vecinos de Burundi.
"El régimen militar de Burundi debe restaurar el orden constitucional y la asamblea nacional y levantar la prohibición a los partidos políticos", expresó el comunicado.
"Las autoridades militares deberían iniciar negociaciones inmediatas e incondicionales con todas las partes y facciones armadas dentro y fuera del país", añadió.
La reunión de Arusha contó con la participación de los presidentes Arap Moi, de Kenia, Pasteur Bizimungu, de Ruanda, Benjamin Mkapa, de Tanzania, y Yoweru Museveni, de Uganda.
También concurrieron los primeros ministros de Etiopía, Meles Zenawi, y de Zaire, Kengo Wa Dondo, el mediador internacional en el caso de Burundi, ex presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y el secretario general de la OUA, Salim Ahmed Salim.
Horas antes de que el golpe del jueves de la semana pasada llevara al poder al ex presidente Pierre Buyoya como jefe de la junta de gobierno, la OUA había hecho un llamado a los miembros de la organización y la comundidad internacional a "prepararse para aislar cualquier régimen que podría desplazar al liderazgo en Burundi mediante la fuerza u otro pretexto".
La cumbre de este miércoles también reiteró que el Plan de Arusha, elaborado por Nyerere en junio, podría ser invocado como medio de garantizar la seguridad y la democracia del pueblo de Burundi.
El plan propone una misión de paz con tropas de Etiopía, Tanzania y Uganda, para poner fin a la violencia étnica en Burundi, donde más de 150.000 personas fueron asesinadas desde que el presidente Melchior Ndadaye murió en un intento de golpe de militares tutsi, en octubre de 1993.
No obstante, la propuesta fue rechazada por los tutsi de línea dura en Burundi y hutu extremistas que viven exiliados en Kenia y Zaire.
Aunque Buyoya dijo la semana pasada que el golpe fue "una acción para rescatar al país de la pesadilla", la medida ha sido criticada desde todas partes, incluyendo extremistas tutsi y rebeldes hutu que prometieron desplazar a su junta.
Desde el golpe de Estado, también condenado por Estados Unidos y otras naciones occidentales, hubo al menos un ataque rebelde en el centro de Burundi, del cual el ejército tomó represalias matando a más de 30 personas, y aunque afirmó que se trató de rebeldes, otros informes aseguran que los muertos fueron civiles.
La nueva situación en Burundi ha llevado a un aumento del número de hutus que huyen del país. Según informes radiales, unos 1.000 huyeron a Zaire el lunes y este martes. (FIN/IPS/tra-en/pm/lp/ip/96
