El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sancionó hoy la ley que reglamenta la concesión de servicios de telefonía celular móvil y de satélites al capital privado y extranjero.
En los próximos tres años se espera 5.000 millones de dólares en inversiones, para atender a un déficit de cinco millones de teléfonos y mejorar el sistema, hasta el momento prácticamente monopolizado por el Estado.
La participación extranjera está limitada a 49 por ciento del capital votante de las empresas concesionarias, durante los tres primeros años de vigencia de la ley.
Por otra parte, la asociación entre capitales nacionales y extranjeros será indispensable, ya que se estableció la exigencia de experiencia anterior y capacitación técnica en las licitaciones para telefonía celular.
En un país en que las telecomunicaciones están en manos del Estado, era imposible que empresas privadas acumularan experiencia anterior.
Cardoso justificó la limitación inicial al capital extranjero, destacando como fundamental la fuerte participación de inversiones nacionales en la apertura de los monopolios, pero consideró muy positivo el ingreso de extranjeros en el sector.
La ley sancionada, cuya aprobación culminó el jueves en el Senado, con 55 votos a favor y seis en contra, hizo efectiva la apertura del sector de telecomunicaciones al capital privado y extranjero, cumpliendo la quiebra del monopolio estatal, según la enmienda constitucional aprobada el año pasado.
Otras enmiendas eliminaron el monopolio petrolero, de transporte de cabotaje y del gas canalizado, además de borrar la distinción entre empresas de capital nacional o extranjero.
Estamos "corrigiendo el rumbo para adecuar el país a la nueva realidad mundial", dijo Cardoso en alusión a los cambios constitucionales y las concesiones de servicios públicos.
Ya se hicieron 70 concesiones en energia eléctrica y los ferrocarriles están siendo privatizados, recordó el mandatario.
El ministro de Comunicaciones, Sergio Motta, anunció las reglas que propone el gobierno para las licitaciones de telefonía celular. Esas normas orientadoras quedarán en debate público por 30 días, para recolección de sugerencias, antes de someter las concesiones a la competencia de consorcios privados.
Las concesiones serán por un plazo de 15 años, renovable por igual período. El vencedor de la licitación, que será el que haga la mejor oferta después de cumplir exigencias técnicas y legales, deberá pagar la mitad al contado y el resto dentro de un año.
Se crearán órganos reguladores para normatizar el sector y asegurar el interés público, pero serán independientes del gobierno, que está renunciando al poder total que tenía, señaló Motta.
La privatización de las telecomunicaciones empezarán por la telefonía celular, o "banda B". Para eso se dividió el país en 10 áreas de concesiones.
La telefonía convencional (banda A), operada por 27 empresas estatales en los estados, depende de otra ley cuyo proyecto será enviado al Congreso en septiembre, según el ministro.
El gobierno está abriendo también al sector privado los servicios limitados, como comunicación de datos, y los "Servicios de Valor Adicionado", como los prestados por proveedores de Internet y otras redes informáticas.
Las telecomunicaciones por satélite siguen como monoplio de la empresa estatal especializada hasta diciembre de 1997, cuando serán abiertas a cualquier grupo privado. Pero las licitaciones se harán este año, con preferencia para posiciones orbitales brasileñas. (FIN/IPS/mo/ag/if/96