Los tres departamentos más pobres y menos poblados de Bolivia cumplen hoy un paro de 24 horas, dentro de un conflicto regional sin precedentes por la disminución de su representación en el parlamento nacional que amenaza con la "federalización" del país.
La ola de protestas surgió cuando seis partidos políticos y el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada acordaron modificar un artículo constitucional y recomponer la representación de los nueve departamentos bolivianos según criterios actualizados de población.
Con esa medida, el cuadro de 130 diputados que representan a nueve departamentos cambiará en perjuicio de Potosí, que perderá cuatro escaños, Chuquisaca y Pando, que perderá dos cada uno. En tanto Santa Cruz y La Paz aumentarán cinco tres escaños, respectivamente.
La actual distribución de escaños fue definida hace tres décadas según cálculos de población que en 1996 han cambiado radicalmente debido al empobrecimiento de algunas regiones y la consecuente migración a La Paz y Santa Cruz, las dos ciudades más grandes y con mayor actividad económica de Bolivia.
En reacción a la reforma, los tres departamentos afectados manifestaron su descontento con un conjunto de protestas que incluye el paro de 24 horas que cumplen este martes.
Hasta este martes, 23 de los 39 parlamentarios que representan a Potosí, Chuquisaca y Pando cumplen una huelga de hambre en el Congreso, mientras en Sucre, capital de Chuquisaca, un grupo de universitarios controla la prefectura (gobernación) en protesta por la redistribución de diputaciones.
En Potosí, un enardecido movimiento cívico amenazó con la "federalización" de ese departamento e incluso con la adhesión de esa región a alguno de los países vecinos con los que comparte sus fronteras: Argentina y Chile.
Para calmar los ánimos, Sánchez de Lozada anunció que viajará a las tres "regiones descontentas" a explicar que la nueva asignación de parlamentarios se definió "a través de una fórmula matemática y no por gusto".
El presidente dijo que en cualquier redistribución hay ganadores y perdedores, y admitió que el conflicto es resultado del abandono del Estado a los tres departamentos afectados con la modificación del artículo constitucional en cuestión.
Aseguró que el gobierno actuará con comprensión ante las protestas regionales pero que también ellas deberán cumplir con la ley, por lo que manifestó su confianza en que "no sea necesario hacer uso de la fuerza".
La reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y sólo resta la ratificación del Senado, y la nueva distribución de los diputaciones entrará en vigor a partir de las elecciones generales de 1997.
Fuentes gubernamentales informaron a IPS que la coalición de gobierno no retrocederá en su decisión de redistribuir el número de diputados, pese a las protestas regionales.
Analistas coinciden en que las regiones en conflicto no estarían manifestando tanto una preocupación por el número de sus diputados, sino una preocupación mayor por la extrema pobreza en que viven.
"Los problemas de fondo que se expresan en este conflicto son delicados y tiene que ver con las desigualdades que existen en el país, con el retardo y el sentimiento colectivo de frustración que hay en varios departamentos del país", dijo Jorge Lazarte, miembro de la Corte Nacional Electoral.
"Lo que es un hecho normal en cualquier parte del mundo, (…), que es distribuir los parlamentarios según los movimientos de población, en Bolivia ha dado lugar a un conflicto de partidos, de regiones entre sí, que va mucho más allá de la mera distribución de los diputados", añadió.
Lazarte consideró improbable que la reducción del número de representantes de algunas regiones provocara una reacción de la magnitud de la actual, con amenazas tan graves como la federalización en un país unitario. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/96
