Argentina mantuvo fidelidad en los últimos cinco años a la receta prescripta por sus acreedores externos para poner fin al caos económico, pero la poción, amarga para los sectores sociales mas débiles, no ha creado bienestar y muchos comienzan a perder las esperanzas.
Desde que Domingo Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía, en 1991, desapareció la alta inflación que por muchos años caracterizó al país.
El gobierno abrió la economía al mundo, liberalizó el comercio y vendió las empresas públicas, consideradas monstruos que consumían de modo insaciable la mayor parte de los recursos públicos.
Pero cinco años después, y crisis mexicana mediante, la economía argentina atraviesa serias dificultades y el cansancio y el malestar social comienzan a manifestarse en síntomas todavía aislados, pero que reviven episodios del pasado.
La central sindical Confederación General del Trabajo, próxima al gobernante Partido Justicialista, convocó a un paro general para el 8 de agosto.
Así mismo, en menos de seis días se produjo el saqueo de supermercados de distintas zonas del país y, por primera vez, las encuestas registran una censura mayoritaria a la gestión del ministro de Economía.
La renuncia de Cavallo es reclamada por 56,5 por ciento de las personas consultadas por la consultora Ricardo Rouvier, mientras sólo 35,5 por ciento de las opiniones resultan favorables al ministro.
El sondeo fue realizado luego de que el gobierno anunciara el recorte de asignaciones familiares y de otros beneficios sociales para quienes perciben un salario superior a 1.000 dólares por mes.
Pocos días después, un canal de noticias por cable preguntó a su audiencia si el ministro debía irse y 72 por ciento de las 14.243 respuestas obtenidas fueron afirmativas.
Ese resultado parecía impensable hace poco tiempo, cuando Cavallo y su modelo eran considerados imprescindibles, aún por los más afectados por el ajuste.
Una clara señal de crisis social se observó en la central provincia de Córdoba, donde los propietarios de un supermercado aceptaron regalar alimentos a un grupo de familias pobres, para evitar destrozos en el local.
La escena se repitió en la capital, cuando un centenar de jubilados llegados en tres autobuses alquilados por la organización que los agrupa intimaron a los responsables de un supermercado a entregarles alimentos. Una vez satisfecho su reclamo, se retiraron en órden.
Las medidas de Cavallo no solo hicieron blanco en los asalariados en actividad, sino que también redujeron 20 por ciento el presupuesto del seguro de salud de los jubilados.
Los anunciados recortes de beneficios se suman a una iniciativa para despedir a 30.000 empleados públicos. Los despedidos difícilmente podrían ser absorbidos por un mercado laboral que enseña una tasa de desempleo de 17,1 por ciento.
El ministro justificó los impopulares recortes sociales en la necesidad de reducir el déficit fiscal, que en el primer semestre fue de 2.500 millones de dólares. La cantidad excede en 1.000 millones de dólares el tope señalado en los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Representantes del FMI tienen previsto viajar a Buenos Aires en los primeros días de agosto. Los economistas advierten que el ya escaso financiamiento externo con que cuenta la economía argentina desde la crisis mexicana de 1994 podría retroceder si los delegados del Fondo no aprueban las cuentas del gobierno.
Los mismos economistas, que defienden el modelo aplicado por Cavallo, señalan que Argentina necesita seguir tomando créditos en el exterior, aún a costa de un endeudamiento que crece sin cesar desde 1991.
De esa manera, la economía gana tiempo y se recupera, postergando para el futuro el problema de la deuda, según esa opinión.
El gobierno tomó este año créditos en moneda extranjera por más de 5.000 millones de dólares, y no le alcanza.
La deuda externa pública de Argentina se ubicaba a fines de 1995 en 92.700 millones de dólares, y en diciembre próximo podría superar los 100.000 millones.
Cavallo anunció que pedirá autorización al Congreso para lograr recursos externos más allá de las previsiones del preupuesto, con el fin de cancelar vencimientos y no poner en juego la credibilidad de Argentina en el exterior.
Para peor, el FMI ya advirtió que sus inspectores no se limitarán a pasar revista a las cuentas del tesoro. Según el director gerente del Fondo, Michel Camdessus, no bastan los cambios estructurales y la estabilidad económica, dos objetivos alcanzados por Argentina.
"Para crear un marco institucional y jurídico que ofrezca confianza a ahorristas e inversores, los gobiernos deben demostrar que no toleran la corrupción", dijo Camdessus.
"Una buena gestión de gobierno significa también adoptar políticas sociales adecuadas para combatir la pobreza y la marginación", y medidas "que fomenten una mayor igualdad de oportunidades y una distribución más equitativa del ingreso", agregó.
Tampoco en esos terrenos el modelo argentino puede mostrar buenos resultados. A las constantes denuncias de corrupción, un tema que desde hace varios años figura entre las primeras preocupaciones de la sociedad, se suma la desigual distribución de recursos. (FIN/IPS/mv/ff/if/96
