La justicia de Argentina pidió hoy al Congreso el desafuero del ministro de Defensa, Oscar Camilión, bajo sospecha de encubrimiento en el escándalo por la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador durante la guerra con Perú.
El juez federal Jorge Urso explicó que el pedido "no se precipitó" sino que fue el resulado de un trámite que maduró en el requerimiento de desafuero del ministro, que será investigado por su presunta vinculación con la operación de venta de armas.
Urso respondió así al dictamen del fiscal, quien encontró elementos suficientes para pedir que se lo indague por el presunto delito de encubrimiento.
En mayo, Camilión había admitido que conocía los nombres de algunos involucrados en el caso, durante una audiencia con miembros de la Comisión de Defensa del parlamento.
El presidente Carlos Menem había dicho la semana pasada que Camilión no abandonaría su cargo hasta que la justicia tomara una decisión.
Ahora, si el juez consigue que los legisladores acepten quitarle los fueros al ministro, podría indagarlo para decidir si es inocente, autor, partícipe o encubridor del delito.
El magistrado investiga el contrabando de 5.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones que tenían como supuesto destino Venezuela, pero que en realidad llegaron a Ecuador, país sobre el que pesaba un bloqueo de armas debido al enfrentamiento con Perú.
Argentina no solo quebró ese embargo con la venta de armas sino que quedó seriamente afectada su credibilidad como garante de la paz entre ambos países, papel que cumple junto con Brasil, Chile y Estados Unidos.
Hasta el momento se encuentran procesados en la causa por el delito de mal desempeño de los deberes de funcionario público tres funcionarios de Fabricaciones Militares, la empresa estatal dependiente del Ministerio de Defensa de la que salieron los pertrechos.
Pero el juez decidió abrir una nueva línea de investigación por presunto enriquecimiento ilícito, ya que según el testimonio del intermediario Diego Palleros, prófugo en Singapur, se habrían pagado comisiones ilegales para agilizar la operación.
Palleros declaró por escrito ante el juez que nadie en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría General de la Presidencia ignoraba que se estaba llevando a cabo esa operación ilegal. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
