ARGENTINA: Fernández inquieta a Iglesia Católica y sindicatos

Un día después de la asunción del nuevo ministro de Economía de Argentina, Roque Fernández, sus declaraciones sobre los objetivos a los que apuntará para obtener recursos desataron hoy una polémica con la Iglesia Católica y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El nuevo ministro, que sucedió este lunes a Domingo Cavallo con la presión de resolver un déficit fiscal que supera en 70 por ciento las previsiones, admitió que entre las medidas para equilibrar el desajuste no descarta eliminar el pago de indemnizaciones por despido a los trabajadores.

La medida, que contribuiría a reducir los costos laborales, fue rechazada categóricamente por la central sindical, que ratificó una vez más el paro general dispuesto para el 8 de agosto contra las últimas medidas de Cavallo, que también apuntaban a reducir beneficios a los asalariados.

"Es insólito que en Argentina que siempre se caracterizó por reivindicar los derechos sociales, la única variable de ajuste sea ahora la de los trabajadores", protestó el secretario general de la CGT, Gerardo Martínez.

El dirigente sindical advirtió además que si el nuevo ministro hace declaraciones "tremendistas" tendrá respuestas de ese mismo tenor de parte de los trabajadores.

Por su parte una veintena de obispos que integran la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunieron este martes para analizar la situación económica y social a partir del cambio de ministro y advrtieron un pronunciamiento crítico sobre el costo social del ajuste.

Antes de ingresar al encuentro, el obispo Luis Stoker pidió "un cambio de programa para que los pobres sean mejor atendidos".

"La estabilidad de la moneda es importante, pero no suficiente. Yo no soy un técnico pero hay que tomar medidas más justas", alertó Stoker.

"Yo tengo una receta para combatir la desocupación, pero no es una receta mágica", había anticipado Fernández al ser consultado sobre la manera en que va a encarar el desafío de una tasa de desempleo de 17,1 por ciento.

Al nuevo ministro se lo identifica con la corriente liberal ortodoxa de quienes cursaron el posgrado en economía en la Universidad de Chicago, donde la doctrina preponderante alaba las virtudes del mercado y tiene un fuerte tono monetarista.

Por eso, a un día de la apertura tranquila de los mercados, los dirigentes sociales temen ahora que la preocupación del nuevo ministro de Economía por el desequilibrio fiscal le impida buscar soluciones menos costosas desde el punto de vista social.

Una semana antes de su salida del gobierno, Cavallo propuso un plan de medidas para equilibrar el déficit fiscal que alcanza 2.500 millones de dólares, 1.000 millones más que lo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

El plan consistía en reducir las asignaciones familiares de los asalariados y gravar sus vales de comida, posibilidad esta última que podria significar en la práctica la eliminación del beneficio.

También decretó una rebaja en el presupuesto de la institución de salud de los jubilados, que está en virtual bancarrota. Este martes, las farmacias no vendieron medicamentos con descuentos a los pensionados debido a las deudas pendientes que tienen con ese organismo.

Las medidas fueron muy criticadas por concentrarse en sectores vulnerables y precipitaron la salida de Cavallo del gabinete.

La CGT, identificada con el gobernante Partido Justicialista, convocó a un paro general para el 8 de agosto en repudio a las medidas y lo ratificó luego del cambio de ministro.

La ratificación surgió luego de analizar que, en verdad, la llegada de Fernández no significa un cambio de rumbo económico como el que reclaman los sindicalistas.

Si bien algunos sectores de la central dudaron luego que los mercados reaccionaron el lunes con calma y dieron su aval al flamante funcionario, este martes la central sumó una nueva razón para la huelga.

Las declaraciones de Fernández dieron el alerta cuando admitió que no descartaba reducir el costo laboral de las empresas a través de la eliminación de la indemnización a los trabajadores cesantes, una de las reivindicaciones más caras al sindicalismo. (FIN/IPS/mv/ag/if/96

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