El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Camilión, aseguró hoy que renunció "por propia voluntad", luego que la justicia reclamó su destitución al Congreso para investigar su responsabilidad en el escándalo de venta ilegal de armas a Ecuador durante la guerra con Perú.
Tras 17 meses de resistir la presión local e internacional, los rodeos de la justicia en su entorno y el acoso periodístico, Camilión prefirió evitar el juicio político -requisito para su destitución- y presentó su renuncia indeclinable, aunque aún permanece en el cargo hasta que se designe a un sucesor.
El presidente Carlos Menem había dicho la semana pasada que el ministro permanecería en el cargo "hasta que la justicia se definiera". Ese día llegó y con él la renuncia de Camilión, a sólo seis días del alejamiento del ministro de Justicia, Rodolfo Barra, por las revelaciones sobre su pasado antisemita.
La opositora Unión Cívica Radical, uno de los partidos que con mayor fuerza había pedido su alejamaiento, consideró que Camilión debe permanecer ahora en el cargo y enfrentar sus responsabilidades ante el parlamento durante un juicio político.
Los radicales temen que el ministro haya "negociado su inmunidad" con el Poder Ejecutivo y prefieren que el juicio quede bajo el control legislativo.
En este sentido, el diputado Miguel Toma, del gobernante Partido Justicialista, dijo desconocer la existencia de un acuerdo para dar "cobertura política" a Camilión.
Los temores se fundan en la sospecha de que el ministro está encubriendo a otros miembros del gobierno. De hecho, la justicia lo convocó por la sospecha de encubrimiento, en base a sus propias declaraciones ante el Congreso, en el sentido de que conocía los nombres de algunos de los involucrados.
La justicia se basó también en las declaraciones del brigadier Juan Paulik, jefe de la Fuerza Aérea, quien habría advertido a Camilión sobre el peligro de que un tercer cargamento con supuesto destino a Venezuela estuviera siendo desviado a Ecuador. Pero el ministro lo desestimó por considerarlo un rumor.
La otra gran fuerza de oposición, el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), manifestó su satisfacción con la renuncia y rechazó la posibilidad de pedir la permanencia del ministro para que enfrente el juicio.
"Es una vergüenza para los países latinoamericanos y particularmente para Perú, que Camilión siga en el cargo", dijo el diputado Carlos Alvarez, líder del Frepaso.
La venta de 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones a Ecuador durante la guerra con Perú a principios de 1995 no sólo fue una violación del embargo internacional.
Argentina es garante de la paz entre ambos países y Perú un tradicional aliado, que ofreció colaboración activa durante la guerra contra Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Hasta ahora, la justicia procesó a tres funcionarios de Fabricaciones Militares, la empresa estatal dependiente del Ministerio de Defensa que realizó la operación mediante una compaña intermediaria.
Uno de los procesados es Luis Sarlenga, ex interventor de la empresa, un empresario que trabajó con el presidente en su provincia natal, La Rioja.
Según reveló este año un ex secretario de Camilión, el ministro pidió la renuncia a Sarlenga en 1994 por sospechar irregularidades en su gestión.
Sarlenga pidió entonces un fin de semana para presentarla y cuando llegó el lunes, Camilión comunicó a su secretario que había recibido un llamado para dar marcha atrás en la solicitud.
Poco tiempo después, el diario Página 12 reveló que el pedido de permanencia de Sarlenga llegó de la familia Menem, pero no de parte del presidente sino de su hermano, el senador Eduardo Menem.
El intermediario en la operación, el coronel retirado Diego Palleros, declaró desde su refugio en Singapur que las más altas autoridades políticas, "inclusive por encima del ministro de Defensa", estaban al tanto de la virtual triangulación.
Palleros reveló que su empresa debió pagar una comisión ilegal de 400.000 dólares a un empresario de la provincia de La Rioja, muy cercano a la Presidencia, que según fuentes judiciales que prefirieron el anonimato sería Emir Yoma, ex cuñado del presidente.
Por eso, mientras algunos estiman que la renuncia de Camilión marca el corolario del escándalo que permitió al periodista argentino Daniel Santoro conquistar el premio Rey de España en 1995, para otros sólo se trata del comienzo de uno mayor, que alcance a otros miembros del gobierno aún en funciones. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
