Las medidas de ajuste anunciadas en Argentina tuvieron el raro efecto de unir en su contra a empresarios y sindicalistas de todos los sectores, gobernadores y legisladores oficialistas y opositores, y operadores bursátiles y economistas de las más variadas tendencias.
Presionado por un déficit fiscal de 2.508 millones de dólares en el primer semestre del año, superior en 1.000 millones a lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía optó por una serie de medidas impopulares y de éxito dudoso para alcanzar la meta fijada.
El gobierno había apostado a una mayor recaudación impositiva, pero los resultados de sus esfuerzos en ese sentido fueron magros y en los próximos días vencen 6.000 millones de dólares en intereses de la deuda externa.
"Si no nos cierran las cuentas en el segundo semestre se nos corta el crédito externo", admitió el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ante un grupo de 20 altos empresarios en busca de su respaldo ante la ola de rechazos que provocó la serie de medidas.
El ministro anunció la rebaja de asignaciones familiares que se otorgan a los empleados que perciben un salario mensual de más de 1.000 pesos (igual a dólares) por nacimiento, matrimonio o hijos en edad escolar. En cambio, se aumentará en forma leve el mismo beneficio a los que perciben salarios menores a ese monto.
Asimismo, informó que los vales de comida que reciben 1,5 millón de trabajadores como parte de su salario deberán ser incorporados al pago de impuestos, una obligación hasta ahora inexistente y que encubría aumentos salariales que ahora se eliminarían debido al aumento del costo para los empleadores.
Por último, el ajuste recayó en un sector muy castigado por el modelo económico, el de los jubilados. Cavallo anunció una rebaja de 20 por ciento en el presupuesto del PAMI, la institución que otorga servicios de salud a los pensionados.
Según cálculos de la opositora Unión Cívica Radical, los salarios bajarán en promedio 10 por ciento por las nuevas medidas, porque aun en el caso de que los empleadores acepten incorporar los vales de comida al salario, los trabajadores deberán pagar su parte (17 por ciento) a las cajas previsionales.
De esta manera, el Ministerio de Economía pretende obtener 800 millones de dólares de ingresos, pero economistas independientes consideran que la recaudación no superará 300 millones, causará mayor recesión en el mercado interno y, lejos de erradicar el desempleo, que alcanzó 17,1 por ciento en mayo, lo agravará.
Los representantes de las cámaras de comercio manifestaron su insatisfacción con las medidas, que estiman les causarán un serio perjuicio, en particular al sector de alimentos. Los vales de comida son canjeados por los empleados en restaurantes, bares y supermercados.
Además, la rebaja en las asignaciones familiares, que en algunos casos representan un salario extra al año, traerá una caída en el consumo en otros rubros.
El ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, remarcó ste martes que los empresarios deben incorporar los vales al sueldo y pagar aportes previsionales por ellos, pero este principio de obligatoriedad no está previsto en los decretos firmados por el presidente Carlos Menem y anunciados el viernes por Cavallo.
Los gobernadores de siete provincias del interior, algunas en manos del oficialismo, rechazaron las medidas y anunciaron que no las aplicarán en sus distritos.
El más crtico fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, del gobernante Partido Justicialista, quien aspira suceder a Menem en la Presidencia y discutió con el mandatario por los efectos sociales de las nuevas medidas.
La Confederacin General del Trabajo (CGT), identificada con el Partido Justicialista, advirtió que responderá con un paro en agosto, en tanto el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, que agrupa a los opositores al gobierno, ya convocó a una marcha de repudio el día 26.
Los economistas, que suelen dividirse a la hora de opinar sobre nuevos paquetes de medidas, coincidieron esta vez en criticar los recursos elegidos por Cavallo.
"Lo grave es que el gobierno va a pagar un costo político enorme sin obtener resultados", comentó Juan Alemann, un economista cercano al oficialismo.
"Las medidas tienen un efecto redistributivo negativo y no van a tener ningún efecto sobre los problemas fiscales, además de no ayudar a la reactivación", advirtió Arnaldo Bocco, economista alineado con el opositor Frente País Solidario.
En el Congreso, los anuncios no cayeron mejor.
En filas de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza política argentina, se anticipó que este partido pedirá la derogación de los decretos presidenciales que impulsaron las nuevas medidas, en tanto el diputado justicialista José Luis Castillo reconoció que son impopulares.
En este ambiente de malestar por las medidas, la bolsa operó con tendencia declinante.
"Esperabamos algo más creativo por parte del ministro para resolver el desequilibrio fiscal, y nos salió con estas medidas", protestaba un agente bursátil. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/96
