AMERICA LATINA: Debate en EEUU sobre liberación de venta de armas

Legisladores de Estados Unidos han intervenido en el debate entre los departamentos de Estado y de Defensa sobre el posible levantamiento de las restricciones a la venta de armas a América Latina vigentes desde el auge de las dictaduras en la región en la década del 70.

El dominio del ex dictador Augusto Pinochet sobre el ejército de Chile hasta 1998, la guerra entre Ecuador y Perú a inicios del año pasado y las previsiones del gobierno de Argentina respecto de una posible guerra armamentista en la región son algunos de los argumentos manejados por los defensores de las restricciones.

Por otra parte, el afianzamiento de las democracias en América Latina, el alivio a las tensiones políticas entre los países que suponen alianzas económicas como el Mercosur y la Comunidad Andina y la necesidad de reactivar la economía de Estados Unidos son factores esgrimidos por los opositores al control de armas.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Gabriel Guerra Mondragón, provocó un terremoto previsible cuando dijo que los militares de ese país latinoamericano no estaban bajo control del poder civil.

El temblor fue suficientemente fuerte para conmover las paredes de la Casa Blanca en Washington. Una nueva rajadura se produjo en el debate acerca de la venta de armas de Estados Unidos a América Latina.

El embajador afirmó luego que esas declaraciones fueron tomadas fuera de contexto y aplacó al gobierno de Eduardo Frei cuando manifestó que Chile era un "modelo" de transición hacia la democracia en la región.

Pero el incidente puso leña al fuego de la discusión que transcurre en el gobierno de Bill Clinton sobre el futuro de las ventas de armas de avanzada a la región, pues instaló en la opinión pública una cuestión crítica: cuán fuerte es el control civil sobre los ejércitos de América Latina.

El centro de esta puja entre el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos es el futuro de las restricciones impuestas con la Ley de Control de Exportación de Armas, aprobada a fines de la década del 70.

La norma prohibe la venta de aviones de combate de avanzada, helicópteros de ataque y otras armas de alta tecnología a países de América Latina.

Los opositores de la norma, encabezados por el secretario de Defensa, William Perry, argumentan que las restricciones ya no son necesarias pues la democracia se instaló en todos los países de la región, excepto en Cuba, y nuevas alianzas económicas reemplazaron a los viejos antagonismos políticos.

Un grupo de senadores de los partidos Demócrata y Republicano mencionaron estos argumentos en una carta dirigida al secretario de Estado, Warren Christopher, quien controla las autorizaciones a las ventas de armas.

"Es difícil advertir justificación alguna para que continúen estas anacrónicas restricciones", sostuvieron los senadores, cuya carta es el reflejo de otra remitida previamente por miembros de la Carta de Representantes.

Los legisladores también argumentaron que las disposiciones "amenazan miles de puestos de trabajo" en Estados Unidos.

En ese sentido, afirmaron que si los 200 aviones de combate vendidos a siete países de la región a comienzos de la década del 80 por Francia hubieran sido F-15 estadounidenses, ello habría significado "exportaciones por 4.000 millones de dólares y 40.000 empleos".

Mientras tanto, el Departamento de Estado pretende "ayudar a los amigos y aliados de Estados Unidos a satisfacer sus legítimas necesidades de defensa", según un funcionario, pero también sopesa otros factores que determinan los permisos de ventas de armas.

Entre esos factores, se mencionó las prácticas relativas a los derechos humanos, intereses en seguridad nacional y el impacto de las ventas en la seguridad regional.

"Aún es demasiado pronto para decir cuándo se completará la revisión o cuáles serán sus conclusiones", dijo a IPS el funcionario, quien reclamó reserva sobre su identidad.

Aunque la democracia se ha impuesto en la región, todavía no está suficientemente fortalecida, en especial en lo que refiere al control civil de las fuerzas militares, argumentan los defensores de las restricciones, en coincidencia con las declaraciones "fuera de contexto" de Guerra Mondragón.

Así, mencionan el caso de Chile, donde Pinochet sigue al frente del ejército, como ejemplo de la peculiar naturaleza de la relación entre civiles y militares en América Latina.

El funcionario del Departamento de Estado admitió, sin embargo, que "el gobierno civil de Chile no tiene el mismo grado de control sobre los militares" que los del resto de la región.

Este argumento también es levantado por funcionarios de Argentina, que se oponen firmemente al levantamiento de las restricciones pues, afirman, desataría una carrera armamentista en América Latina.

Argentina sostiene que los civiles carecen de control suficiente sobre los militares de Chile y Brasil, cuyas fuerzas armadas, según distintas versiones, desean comprar aviones F-15 y misiles aire-aire a Estados Unidos.

Los temores de Buenos Aires son coincidentes con los de Cynthia McClintock, directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Washington, para quien las ventas de armas podrían afectar la estabilidad política y económica de los países de la región.

McClintock negó que los acuerdos económicos hayan aflojado las tensiones políticas en la región, como sostienen los defensores de las ventas de armas, y recordó la guerra no declarada desatada a comienzos de 1995 entre Ecuador y Perú, ambos miembros de la Comunidad Andina, por disputas fronterizas.

Las "tensiones nacionalistas" en América Latina no están resueltas, y el levantamiento de las restricciones provocaría inestabilidad política, lo cual "conspiraría seriamente contra la inversión y el comercio", explicó la experta.

Entre las empresas más perjudicadas por una situación así se contarían las industrias estadounidenses, agregó.

Caleb Rossiter, director ejecutivo del no gubernamental Proyecto sobre Desmilitarización y Democracia, reconoció que el Departamento de Estado "trabaja duro" junto a su organización y otras dedicadas al control de armas en favor del mantenimiento de las restricciones.

Además, Rossiter acusó a Perry de "piratería" por sus declaraciones públicas proclives al levantamiento de las restricciones.

El experto afirmó que las limitaciones a las ventas de armas deberán continuar al menos hasta marzo de 1998, fecha en que está previsto el abandono de Pinochet del mando del ejército de Chile y la pérdida de algunas de las protecciones constitucionales de que gozan los militares de ese país.

El gobierno de Chile no tiene poder, de acuerdo con la constitución en vigor desde la dictadura, para remover los comandantes de las fuerzas armadas.

Rossiter admitió que consideraciones políticas de carácter doméstico serán el factor decisivo para la adopción de una decisión en la materia, pues muchas industrias de defensa se verían beneficiadas del levantamiento de la prohibición.

Muchas de las fábricas de armas se ubican en estados clave para la reelección de Clinton en noviembre de este año. "Cualquier cosa puede suceder en un año electoral. Cuando los votos están en juego, suceden cosas extrañas", opinó el especialista.

Rossiter recordó que Clinton y George Bush respaldaron en 1992 la venta de aviones F-15 a Arabia Saudita y Taiwan a pesar de la oposición generalizada a esta medida, pues los votos de los empleados de la industria armamentista de California eran cruciales en la elección.

El experto sostuvo que el presidente, frecuentemente acusado de "liviandad" en materia de defensa, ha tenido consecuentemente un "espinazo débil" cuando debió resistir demandas de militares de Estados Unidos.

"Clinton siempre acató a la Junta de Comandantes", coincidió Tom Cardamone, editor de Arms Trade News, un boletín dedicado al comercio de armas, quien recordó los cambios de marcha sobre la integración de homosexuales a las fuerzas armadas y la exportación de material bélico. (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/mj/ip/96

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