Los llamados desafíos emergentes serán uno de los aspectos centrales de la Tercera Reunión Americana de Infancia y Políticas Sociales, que se realizará en agosto en Chile, anunció el ministro de Planificación de este país, Luis Maira.
El encuentro, al que asistirán 34 delegaciones gubernamentales de toda América, revisará también el cumplimiento, a mitad de período, de las metas en favor de la niñez trazadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, de diciembre de 1990.
A la reunión, organizada por el gobierno de Chile con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), asistirá la directora ejecutiva de este organismo internacional, la estadounidense Carol Bellamy.
Maira y la directora de Unicef para el área de Chile, Argentina y Uruguay, Kristina Gonçalves, indicaron que los países del continente enfrentan tanto la satisfacción de las necesidades básicas de la infancia como una agenda de temas emergentes.
Entre ellos están los problemas de la drogadicción entre los niños y adolescentes, el maltrato y el abandono de la niñez, el trabajo infantil, el tratamiento judicial y carcelario de la infancia y los embarazos adolescentes.
Esos temas están concitando una creciente preocupación en un escenario copado anteriormente por problemáticas básicas, relativas a la protección de la infancia en áreas como la salud, la alimentación y la educación.
En la reunión de Santiago corresponderá también revisar las metas que en esos aspectos se plantearon para América Latina y el Caribe en el marco de los compromisos que delegados de 150 países, incluyendo a 90 gobernantes, firmaron en la Cumbre de 1990.
En América Latina se registran, con altibajos, avances en la atención de las necesidades básicas y existe consenso en que los programas para la Infancia no deben ser perjudicados por planes de ajuste económico, indicó Maira.
Gonçalves apuntó que la situación de la Infancia se enfrenta en un nuevo marco, determinado por la Convención de los Derechos del Niño, donde se rescata el papel de los menores como sujetos y no ya como objetos de protección o tutelaje.
La Convención, adoptada en 1990, ha sido ya ratificada por todos los países latinoamericanos y caribeños, además de Cánada, y se trata ahora de adecuar o reformar las legislaciones internas de cada estado a las disposiciones de este instrumento.
Tanto las necesidades básicas como los desafíos emergentes están vinculados en toda América, incluyendo a los Estados Unidos, al enónemo del círculo vicioso de reproducción de la pobreza, indicó la representante de Unicef.
"La pobreza se quiebra invirtiendo en la infancia", subrayó Gonçalves, resaltando el efecto multiplicador que tienen los recursos destinados oportunamente a la atención materno-infantil y al sector educacional.
Maira destacó que Chile tiene un óptimo cumplimiento de las metas en favor de la infancia para el decenio, relacionadas con la disminución de la pobreza, en salud y educación, aunque advirtió como debilidad la aún baja cobertura de educación preescolar en el país.
Tras el encuentro continental que tendrá lugar los días 8 y 9 de agosto, Chile asumirá por dos años la secretaría pro témpore para el seguimiento continental de los compromisos en favor de la infancia a través de las políticas sociales.
La secretaría es ejercida actualmente por Colombia, país que en 1994 fue sede de la segunda reunión, donde se adoptó un documento sobre la infancia denominado Compromiso de Nariño.
En 1995 se realizó una reunión técnica sobre Infancia y Política Social en Antigua, Guatemala, de la cual emanaron planteamientos incorporados a la V Cumbre Iberoamericana, celebrada en Bariloche, Argentina.
Chile será en octubre próximo sede de la VI Cumbre Iberoamericana, y entre los preparativos se contempla una reunión de ministros coordinadores del área social, que tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre en el norteño puerto de Iquique.
Maira señaló que esta tercera reunión continental de agosto participarán también instituciones, organizaciones no gubernamentales en favor de la infancia, incluyendo a los movimientos conformados por parlamentarios y alcaldes. (FIN/IPS/ggr/dg/dv/96
