Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de India determinó por primera vez la responsabilidad de los empleadores de industrias contaminantes en la protección de los trabajadores de las unidades productivas que deban ser reubicadas lejos de los centros urbanos donde se encuentran.
A lo largo del último decenio, la Corte atendió al llamado de grupos ambientalistas e hizo que miles de industrias contaminantes instaladas dentro o alrededor de las grandes ciudades se trasladaran a emplazamientos alejados.
Sin embargo, estas medidas motivaron la protesta de los empleados de las fábricas reubicadas, quienes se quejan de que nadie se preocupa por su fuente de trabajo y sustento.
"Si Delhi necesita gravilla para sus edificios, debería estar preparada para la contaminación", comentó indignado Krishna Kumar Singh, quien pedió su empleo cuando la Corte Suprema forzó a unas 300 plantas trituradoras de piedra y expulsoras de polvo al aire, a salir de la capital india a principios de este año.
Acusados de ignorar los derechos de los trabajadores, tanto los militantes ambientalistas y como los jueces se vieron en la necesidad de enmendar aquellas medidas.
A principios de este mes, un fallo de la Corte Suprema que ordenó el traslado de 168 industrias fuera la capital, además prohibió el despido de los empleados de esas empresas.
El tiempo que medie entre el cierre de la fábrica y su nueva instalación será considerado como de empleo activo, en las mismas condiciones contractuales.
Todos los empleados que acepten trabajar en el nuevo sitio tendrán derecho a recibir el salario de un año como paga extraordinaria para ayudarles en su nueva instalación.
Los trabajadores que opten por salir de la empresa deberán ser indemnizados según la Ley de Conflictos Industriales y recibirán igualmente una paga extra equivalente a un año de salarios.
Los sindicatos, sin embargo, no están satisfechos con la solución y afirman que el fallo judicial no servirá a la mayoría de los trabajadores no organizados.
"No será fácil que los trabajadores del sector informal consigan la indemnización", dijo P.K. Sahi, secretario general del Congreso Nacional de Sindicatos de India.
La mayoría de los trabajadores de las grandes ciudades son contratados por pequeñas fábricas y no tienen derecho a sindicalizarse. "No tienen forma de presentar su caso ante las autoridades, en caso de que su empleador tenga que trasladar la fábrica", señaló el investigador laboral J. John.
Algunos expertos entienden, no obstante, que podría evitarse en muchos casos la reubicación de las unidades productivas contaminantes.
"El cierre es la última opción, porque con ello se castiga indirectamente a los trabajadores por algo de lo que no tienen culpa", comentó Naba Datta, que trabaja en un grupo que defiende los derechos de los trabajadores.
"Bajo las leyes vigentes, los jueces y el gobierno pueden enviar a la cárcel e imponer pesadas multas a los propietarios de industrias contaminantes. Esto puede y debería ser intentado previamente, a fin de que el control de la contaminación no perjudique al trabajador", señaló Datta.
Desde 1987, la Corte Suprema ha emitido fallos en relación con nueve proyectos de energía térmica, 1.530 curtiembres de cuero, 127 fundiciones de acero y 252 industrias de diferentes ramos que violan las leyes ambientales.
Se estima que la capital tiene más de 100.000 empresas industriales, las cuales emplean alrededor de un millón de personas.
No obstante, de acuerdo con la Junta Central de Control de Contaminación Ambiental, no más de 10.000 de ellas han obtenido la certificación ambiental necesaria para funcionar. (FIN/IPS/tra-en/ms/mu/arl/en/96
