El izquierdista partido Causa Radical acusó hoy a miembros de la policía política de Venezuela de estar detrás de una ola de atentados incendiarios contra unidades de transporte público y demandó al gobierno una investigación al respecto.
Los ataques incendiarios contra buses en una populosa zona de Caracas en la primera semana de este mes provocó una cadena de detenciones por los organismos de seguridad, que involucró a activistas vecinales de la fuerza opositora ahora denunciante.
El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso, el diputado radical Vladimir Villegas, suministró nombres concretos de efectivos de la Dirección de Seguridad, Iteligencia y Prevención (Disip) que según "fuentes muy confiables" habrían participado en los atentados.
El dirigente de la tercera fuerza parlamentaria pidió al gobierno seguir esta línea de investigación, aduciendo que la justicia ya condenó a otros miembros de la policía política por el envío de sobres-bomba a la Corte Suprema de Justicia, en 1993.
La Disip y el gobierno no replicaron de inmediato a la denuncia del parlamentario.
Villegas afirmó que "personas enquistadas dentro de organismos de seguridad intentan poner en juego la estabilidad democrática", provocando a su vez hechos que permitan impulsar "una ola represiva" entre grupos radicales de oposición.
Para Villegas, automáticamente cuando pasa cualquier alteración del orden se va a detener a los mismos dirigentes de los mismos grupos, a los que calificó como "seculares chivos expiatorios de situaciones de crisis".
"Hay que investigar un terrorismo de derecha que busca impulsar una salida de fuerza, dictatorial, para la crisis", afirmó el diputado. Precisó que no cree que la policía política, como institución, esté implicada en los atentados.
Villegas afirmó que la información en sus manos provienen de fuentes de los mismos organismos de seguridad y citó al inspector jefe de la Disip y miembro de la sección de explosivos Iván Rubier como participante en los atentados ocurridos en la populosa y combativa barriada de El 23 de enero.
Diferentes policías y portavoces del gobierno han recurrido a denunciar la existencia de una estrategia de subversión que busca romper la paz política que el presidente Rafael Caldera tiene como el mayor haber de sus 29 meses en el poder, tras la inestabilidad de 1992 y 1993.
La llamada Causa R y el Movimiento Bolivariano del ex cabecilla golpista Hugo Chávez, cuya asonada fracasó en 1992, han denunciado allanamientos indiscriminados, torturas y detenciones abusivas contra sus activistas, a raíz de la quema de una quincena de pequeños autobuses, en que murieron dos personas.
Tras el incendio de los vehículos, propiedad de transportistas privados, se produjo otro atentado similar contra el automóvil de Chávez y estallaron artefactos explosivos en algunas instalaciones oficiales, que no produjeron mayores daños.
El lunes, diputados de Causa R encabezaron una manifestación ante la Policía Técnica Judicial para protestar por la "represión sistemática" contra habitantes de El 23 de enero, en que también participó el párroco de la Iglesia Católica de la zona, Noel Castro.
"No creo que ninguno de los detenidos de mi parroquia esté involucrado en la quema de camionetas", dijo el sacerdote y pidió al gobierno que tenga en cuenta la grave situación social que soportan las zonas populares, depauperadas por una inclemente inflación, con acelerada recesión y aumento de precios.
Tras dos años de desbarajuste ecónomico signado por los controles, Venezuela retomó en abril la senda de la apertura, con un duro programa de ajuste apoyado por el Fondo Monetario Internacional, que agobia a un extenuado tejido social conformado por 80 por ciento de la población de 22 millones en pobreza. (Fin/IPS/eg/ag/ip/96)
