El parlamento de Venezuela aprobó la noche de este miércoles en sesión bicameral, tras casi cinco meses de debate, los ocho primeros convenios de asociación con transnacionales petroleras, para producir la próxima década 500.000 barriles diarios.
Las empresas que ganaron la licitación para explorar y producir ocho nuevos campos de crudos medianos y livianos, bajo el esquema de ganancias compartidas, iniciarán sus operaciones el 18 de septiembre, informó Juan Szabo, presidente de la compañía estatal que actúa como socia colectiva.
El único escollo que podría salir al paso de lo que para sus críticos constituye un acto de desnacionalización del petróleo, tras su pase a control único del Estado en 1976, sería que la Corte Suprema de Justicia acogiera reclamos de supuesta inconstitucionalidad, lo que se considera improbable.
Representantes de las 13 compañías que en diferentes bloques ganaron las licitaciones entre el 26 y 29 de enero, firmarán la próxima semana los acuerdos definitivos y entregarán al consorcio Petróleos de Venezuela (PDVSA) 244 millones de dólares, que ofrecieron como primas para desempatar ofertas.
La operación supone el desembarco en Venezuela nuevamente de las compañías petroleras privadas más grandes del mundo, a 20 años de su salida del país, y contó con los votos de las fuerzas opositoras Acción Democrática y el partido socialcristiano Copei, mayoritarias en el Congreso.
La izquierdista Causa Radical y grupos menores negaron su voto, mientras también votaron a favor las oficialistas fuerzas Movimiento al Socialismo y Convergencia, en una accidentada sesión de seis horas, con escaramuzas reglamentarias y una larga lista de oradores, alentada por la transmisión por televisión.
Los defensores de la apertura insisten en que la actividad se mantendrá en manos de PDVSA, convertida a su vez en una transnacional con presencia en Europa y Estados Unidos y considerada la segunda compañía petrolera del mundo, tras la saudita Aramco y antes de la anglo-holandesa Shell.
El ministro de Energia, Erwin Arrieta, dijo tras aplaudir la decisión del Congreso que Venezuela podrá estar segura ahora de que será uno de los seis grandes de la industria petrolera al comenzar el próximo siglo.
También afirmó que la asociación con empresas extranjeras en condiciones muy diferentes a las del pasado representa "una maduración de la nacionalización, que por el bien del país no puede ser ni anacrónica ni autarquíca".
Sin embargo, desde diferentes ámbitos proclives al retiro del Estado de actividades productivas, se promueve que entre 20 y 30 por ciento de las acciones de PDVSA sean colocadas en bolsas internacionales, aunque se insiste que eso no afectaría ni las operaciones ni la propiedad de los yacimientos.
Alí Rodríguez, senador radical, indicó que el parlamento aprobó "una simple y pura privatización", por ahora parcial del principal sostén de la economía venezolana.
Luis Guisti, presidente de PDVSA, por el contrario, indicó tras la aprobación de los ocho convenios que la nueva frontera petrolera abierta va a consolidar a la industria estatal como un factor esencial del desarrollo del país.
La exploración de alto riesgo de los nuevos campos se espera que permita a Venezuela ampliar su monto de reservas petroleras convencionales en 7.000 millones de barriles, sobre su nivel actual de 66.000 millones.
Las empresas ganadoras deberán invertir unos 15.000 millones de dólares para la plena producción, pero en la fase inicial exploratoria que es la que principalmente se cumplirá en este siglo sólo se preveen ingresos por 1.000 millones de dólares.
Los cálculos de PDVSA son que en el año 2005 Venezuela habrá elevado su capacidad productiva, mediante esfuerzos propios y de sus nuevos socios, a 5,7 millones de barriles diarios, casi tres millones más de su nivel actual.
PDVSA pronostica que para entonces serán exíguas las reservas de parte de los exportadores petroleros actuales, quedando como grandes productores los del Golfo Persico (Arábigo) y Venezuela, y que tiene que estar lista para esa nueva realidad.
Pero los directivos del consorcio estatal y funcionarios del gobierno insisten en que ni PDVSA ni el país cuentan con los recursos para hacer a tiempo las inversiones requeridas, y que éstas son de un alto riesgo que mejor corren otros.
El parlamento había aprobado en julio de 1995 el contrato marco bajo el cual deben realizarse los nuevos contratos a riesgo con las transnacionales que ganaron los ocho primeros campos licitados.
La llegada de operadoras privadas para yacimientos nuevos de los crudos livianos y medianos, los más apetecidos en el mercado mundial, es el corolario de una apertura que ya cuenta con participación externa en las áreas de crudos no convencionales, gas y recuperación de pozos abandonados.
PDVSA calcula que la participación del Estado en las ganacias una vez que los yacimientos estén en producción se elevará a un nivel de entre 86 y 92 por ciento, sumando regalía, impuestos y beneficio directo para la industria petrolera estatal.
Las nuevas socias de PDVSA son, por bloques licitados, Mobil- Veba Oel-Nippon, Amoco, Enron-Inelectra, Conoco, British Petroleum- Amoco- Maxus, Elf Aquitaine-Dupont, Norcem-Benton y la argentina Pérez Companc. De ellas, sólo una empresa es venezolana: Inelectra. (Fin/IPS/eg/if/96)
