Con más de 800 millones de dólares en recursos, decenas de planes y 12 millones de probables beneficiarios, el programa de compensación social creado por el gobierno de Venezuela para mitigar los efectos del reciente plan de ajuste económico sigue siendo una promesa sin definir.
Con el precedente de la revuelta social de 1989, que según los analistas se produjo por falta de previsión social del plan de ajustes de la administración de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Rafael Caldera lanzó la Agenda Venezuela para aminorar el impacto en las clases pobres de su riguroso programa económico.
El gobierno anunció a mediados de abril una serie de medidas macroeconómicas, en el marco de un acuerdo con el FMI, que incluyó la quintuplicación de los precios del combustible, la eliminación del control de cambios y la liberación de precios.
Durante los primeros 45 días de aplicación del ajuste, la inflación en el país se ubicó en 12,6 por ciento, la más alta en casi un año, informó el Banco Central.
A casi dos meses de la puesta en marcha de las medidas, y pasado el temor inicial por una respuesta social violenta ante la dureza de los ajustes, el rostro social de la Agenda Venezuela sigue sin delinear sus contornos de manera clara y eficaz.
"Esta Agenda Venezuela todavía está en agenda. Lo que tenemos son las medidas económicas para combatir la inflación, pero las medidas sociales todavía están en veremos", dijo a IPS el jesuita José Virtuoso, director del Centro Gumilla, un centro de investigación socio-político vinculado a la Iglesia Católica.
El plan social del gobierno, que involucra a siete entidades ministeriales, pretende proteger las condiciones de desarrollo social que facilite la transformación económica, y preservar la paz social, además de amortiguar el impacto del ajuste.
El costo actual de la llamada canasta básica de alimentos se sitúa en unos 184 dólares, 100 dólares por encima del salario mínimo.
"Las estrategias sociales apuntan a impactar positivamente en las condiciones de vida de la población pobre en un momento coyuntural", explicó Mercedes Pulido, una de las ideólogas de los programas sociales y ex ministra de la Familia.
Sin embargo, la dimensión social de la Agenda encuentra su gran obstáculo en la fuerte resistencia "originada en la pérdida de privilegios enquistados" en la burocracia gubernamental, dijo Pulido.
Los programas buscan principalmente atender a sectores como la infancia, las madres jóvenes, los estudiantes y los desempleados menores de 24 años, así como garantizar el servicio primario en salud, medicamentos básicos, subsidios familiares, alimentación escolar y subsidio al pasaje estudiantil.
Pero pese a las buenas intenciones, las críticas opositoras arrecian con fuerza.
Lewis Pérez, dirigente nacional de Acción Democrática, el principal partido opositor, criticó que todavían "no se haya perfilado una política social clara", ni "un cambio estructural del aparato del Estado", que serían "señales claras de un verdadero cambio económico".
Adam Celis, presidente del Consejo de Economía Nacional, planteó a IPS la necesidad de un proyecto de país en el que se incluya "un empeño firme y a fondo en la ejecución de una política clara y definida de seguridad social, que acompañe las medidas económicas".
Celis criticó lo que denominó "descoordinación en los programas sociales". Después de dos meses de aplicación de las medidas, según el dirigente empresarial, "el escenario (social) luce bastante incierto".
Eliseo Sarmiento, presidente de Consecomercio, entidad que agrupa a los comerciantes, criticó la política de los llamados mercados solidarios, que buscan ofrecer a precios bajos los productos de primera necesidad, subsidiados por el gobierno.
"Un verdadero mercado solidario es el que respeta las ordenanzas comerciales y de urbanismo, las normas fundamentales de sanidad en el manejo y despacho de alimentos", dijo Sarmiento.
Debe además, dijo, proveer "plazas de trabajo estables y permanentes, preservando la seguridad social en las remuneraciones laborales de sus trabajadores, lo cual es garantía económica para sus respectivas familias".
Para Sarmiento, los mercados solidarios no van al fondo del problema que es el empobrecimiento creciente de la población venezolana, que "no se corrigen con mercados solidarios". (FIN/IPS/co/jc/if-pr/96)
