Dos jueces de Uruguay abrieron una polémica pública por el encarcelamiento de dos periodistas al sostener que medida a la que fueron sometidos es ilegítima y deben ser liberados de inmediato.
Esta postura pareció adelantar el fallo judicial definitivo que un Tribunal de Apelaciones dictará la semana próxima con el marco de normas que también resultó controvertida como derivación del encarcelamiento.
El director y el redactor responsable del diario La República, Federico y Carlos Fasano respectivamente, fueron condenados el 23 de mayo por la jueza Zulma Casanova a dos años de prisión por ofender el honor del presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy.
Los ministros Alfredo Gómez Tedeschi y Carlos Mata, que habían sido recusados por haber intervenido en un juicio anterior que también involucró a Federico Fasano, aceptaron la recusación formulada por Gustavo Puig, el abogado de los periodistas.
Inesperadamente, en ese documento, los magistrados criticaron la decisión de Casanova, recordaron que la ley de prensa prohibe encarcelar y señalaron que la prisión es ilegítima y debe cesar de inmediato.
También cuestionaron al fiscal Miguel Langón, quien rehusó expedirse sobre un pedido de libertad de los hermanos Fasano porque consideró que antes debía definirse la recusación.
Puig dijo a IPS que la opinión de los magistrados es "impecable", pero advirtió que no serán ellos los encargados de juzgar la apelación, sino quienes los subroguen tras un sorteo.
A pedido de Langón, la jueza había aplicado el artículo 138 del Código Penal de 1934, cuya utilización sólo registra un precedente en la jurisprudencia, cuando en 1965 un estudiante comunista uruguayo fue condenado por haber escupido al secretario de Estado de Estados Unidos Dean Rusk.
Desde la condena a los hermanos Fasano se generó un intenso debate en el que predominaron críticas a la sentencia por "excesiva", "draconiana", "atípica" e "ilegal".
La condena a los hermanos Fasano se basó en una combinación de la ley de prensa con el artículo 138 del código penal.
La ley de prensa establece que en caso de sanción por los delitos de difamación e injurias el periodista no sufrirá prisión, como lo recordraron Gómez Tedeschi y Mata.
Pero el artículo 138 determina para quien "lesione el honor" de un jefe de Estado extranjero una pena de prisión de dos años como mínimo no excarcelable.
El fallo merceció la crítica, entre otros, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y de Amnistía Internacional, que declaró a los hermanos Fasano "presos de conciencia".
En el ámbito local casi todos los medios y organizaciones de periodistas cuestionaron el fallo de Casanova, sin que ello significara su respaldo al estilo periodístico de La República, criticado por "sensacionalista" por numerosos profesionales del sector.
Una carta del presidente Julio María Sanguinetti dirigida a Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, deslindó la eventual responsabilidad del gobierno.
Sanguinetti destacó que desde el retorno a la democracia en 1985, luego de 12 años de régimen militar, existe "la más irrestricta libertad de prensa" en Uruguay, al tiempo que recordó su condición de periodista.
También señaló como positivo que el presidente "no pueda, simplemente, poner o sacar a alguien de una cárcel", así como su respeto por la independencia del Poder Judicial.
La SIP había reclamado al gobierno tomar medidas para lograr la libertad de los periodistas.
La situación tambien tuvo reacciones en el Parlamento, donde este jueves ingresó una proyecto de ley que elimina del artículo 138 el ataque al "honor" contra dignatarios extranjeros y lo coloca como agravante de la difamación y las injurias.
El proyecto también propone que los periodistas puedan probar durante el jucio si dijeron la verdad en las publicaciones que se cuestionen.
A los hermanos Fasano se les prohibió demostrar la veracidad de las acusaciones contra Wasmosy aparecidas en La República y según las cuales el mandatario paraguayo se había enriquecido ilegalmente con su intervención en la construcción de la represa de Itaipú.
El embajador de Paraguay en Uruguay, Julio César Schupp, por mandato de Wasmosy, fue quien alertó a la Fiscalía de Corte a iniciar las acciones legales a través de Langón.
Blas Llano y Luis Modesto Guggiari, presidente e integrante de la Comisión Bicameral de Investigaciones del parlamento paraguayo, afirmaron en Montevideo que "todo lo que dijo La República es verdad".
"No entendemos por qué están presos los Fasano", afirmaron ambos legisladores, que llegaron a Uruguay con el fin de recabar pruebas que involucren a Wasmosy en delitos de corrupción.
"Vinimos a Uruguay porque jamás pudimos conseguir en Paraguay el documento que publicó La República", consistente en la auditoría interna de la represa de Itaipú, señalaron, agregando que se trata de "un documento serio elaborado por un equipo de investigación que involucra a Wasmosy en un robo monumental".
Ambos legisladores se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Mariño Charlone, y con el presidenete en ejercicio de la Cámara de Diputados, Alejo Fernández, así como con la Asociación de la Prensa del Uruguay. (FIN/IPS/rr/dg/ip-ci/96)
