Una sucesión de denuncias por actos de corrupción contra ex integrantes del gobierno del ex presidente Luis Lacalle, la última de las cuales involucró hoy a su esposa, colocaron esta semana al líder político y a su sector en una situación difícil.
El lunes 17 una denuncia judicial contra varios ex ministros y altos jerarcas del gobierno de Lacalle rompió una ola de rumores y diálogos en voz baja, en este país de 3,1 millones de habitantes en el no se han registrado nunca situaciones de magnitud similar.
La denuncia la formuló un ex empleado de Igor Svetogorski, un fuerte proveedor del Estado, y conmovió al sistema político y generó intensas consultas del presidente Julio Sanguinetti con sus asesores.
A través de la empresa International Trade Consortium (IPC), Svetogorski suministra abastecimientos en representación de empresas de España, Bélgica, Hungría, la ex Checoslovaquia y Alemania y también comercia armas y uniformes en la región.
La preocupación de Sanguinetti apunta a una eventual erosión de la coalición de gobierno entre su partido, el Colorado, y el Nacional, al que pertenece Lacalle, quien recibió las noticias en Londres donde está dictando conferencias.
Es que uno de los denunciados, su hombre de confianza y ex Secretario de la Presidencia, Pablo García Pintos, es actualmente uno de los directores del estatal Banco de la República.
El denunciante, Teodilo Maciel, es un ignoto portero de la Suprema Corte de Justicia que para su acción recibió el respaldo de los diputados Leonardo Nicolini y Carlos Pita, de la coalición de izquierda Frente Amplio.
Desde hace varios meses Nicolini había anunciado que tenía pruebas de la participación de ex gobernantes nacionalistas en actos de corrupción, sin entrar en detalles, y la semana pasada había sido intimado por colorados y nacionalistas a dar los nombres.
Según el semanario "Búsqueda", Sanguinetti dijo que "Nicolini no puede incendiar el país y no mostrar las pruebas".
El denunciante Maciel, que hasta 1994 y durante 10 años trabajó como empleado de confianza de Svetogorski, dijo ante el juez que fue testigo de que el empresario entregó varios miles de dólares en reiteradas ocasiones a los funcionarios, según declaró a la revista "Posdata".
Además de García Pintos también mencionó a los ex ministros de Transporte y Obras Públicas Juan Raffo y José Ovalle, al diputado Jaime Trobo, al ex director de la empresa estatal de distribución de agua potable, OSE, Vilanueva Saravia, y al ex presidente del Banco Central, Enrique Braga.
Reveló además que durante tres años reunió información, anotó días y fechas de reuniones, y entregó al juez números de cuentas bancarias.
De sus denuncias surge que algunos de los ministros y altos jerarcas involucrados mantuvieron en dos años más de 80 reuniones con Svetogorski, muchas de las cuales en la oficina del empresario.
Afirmó que él mismo retiró dinero de los bancos, lo colocó en sobres y lo entregó a los denunciados, y de algunas de estas operaciones anotó los números de cheque y la fecha en que se efectuaron los retiros.
La denuncia parece dar razón al ex candidato presidencial por el sector del ex presidente Lacalle en las elecciones de 1994, Juan Andrés Ramírez.
En 1995, luego que la justicia procesó a dos ex jerarcas de la administración de Lacalle por actos de corrupción, Ramírez se separó del ex mandatario y dijo en una entrevista exclusiva con IPS que "de la caja de Pandora saldrán más nombres".
La frase de Ramírez, recordada hoy en la mayoría de los medios, se ha convertido en emblemática en los corrillos políticos, pese a que el abogado de Svetogorski, Carlos Curbelo, dijo a IPS que el empresario se reunía con "dirigentes de todos los partidos".
"Eso es natural y lógico en el mundo contemporáneo", dijo Curbelo a IPS.
Al mencionársele documentos aportados por Maciel entre los cuales hay recibos por dinero firmados por algunos de los denunciados, Curbelo sostuvo que son "aportes para los partidos políticos".
En Uruguay no están reglamentados los aportes privados a los partidos políticos y es habitual que los mismos empresarios contribuyan económicamente con varios partidos.
"Llegó el momento en que la política y el dinero encuentren un camino de reglas claras", dijo Rafael Michelini, líder del centro izquierdista partido Nuevo Espacio.
El ex ministro Raffo, que actualmente ocupa una banca de diputado, aceptó haber recibido una contribución de Svetogorski "amigo desde hace 30 años de mi familia" para una campaña política.
La justicia también investiga irregularidades en la venta en marzo de 1994 del Banco Pan de Azúcar a la Fiduciaria italiana Banknord, que compró por cuenta de la empresa irlandesa Eurofar.
El banco era gestionado por el Estado uruguayo desde 1985, luego que amenazó quebrar y provocar una crisis en el sistema financiero.
En esta investigación los principales indagados son asesores directos de Lacalle.
Otra revista, "Tres", publicó este viernes el facsímil de un documento que según la publicación estaba dirigido a Julia Pou, la esposa de Lacalle y firmado por el empresario francés Stephane Benhamou, presidente del Banco Pan de Azúcar y de Eurofar.
Según ese documento, Pou recibió 3,33 por ciento de las acciones del banco, que quedaron depositadas en Lugano, Suiza. Otro documento similar atribuiría 6,66 por ciento de las acciones al ex asesor presidencial Daniel Cambón.
También esta semana, el Parlamento recibió el pedido de un juez penal para quitar los fueros parlamentarios al diputado León Morelli, de relación muy cercana a Lacalle.
La justicia pretende investigarlo por irregularidades denunciadas mientras representó al gobierno de Uruguay ante la comisión que administra la represa binacional de Salto Grande sobre el río Uruguay, que este país comparte con Argentina. (FIN/IPS/rr/jc/ip/96
