La actividad insurgente se reanudó en Uganda tras las elecciones presidenciales del mes último, las primeras desde 1980, y la nueva ofensiva agrava las relaciones con el vecino Sudán, acusado por el gobierno de proporcionar armas y santuario a los rebeldes.
El llamado Ejército de Resistencia del Señor (LRA), encabezado por el herbolario Joseph Kony, y el Frente del Margen Occidental del Nilo (WNBF), del coronel Juma Oris, que fue ministro de la dictadura de Idi Amin, operan en el norte del país, junto a la frontera con Sudán.
El LRA propuso el cese del fuego en vísperas de las elecciones presidenciales, pero volvió a las armas al comprobar que su candidato preferido, Paul Semogerere, había logrado menos de 25 por ciento del total de votos emitidos.
A través de su portavoz en Nairobi, James Obita, el LRA aseguró que mantendría el alto el fuego hasta la celebración de los comicios parlamenatrios del 27 de este mes. Pero la semana última emboscó a vehículos militares y civiles en los distritos norteños de Gulu y Kitgum.
Veinte soldados murieron en el ataque contra una caravana de vehículos del ejército, y los rebeldes también incendiaron 60 viviendas.
Uganda denuncia, con respaldo en declaraciones de ex miembros del LRA, que el gobierno sudanés ayuda a los insurgentes a cambio de su colaboración en el combate contra el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), que lucha por la independencia del sur.
A su vez, Sudán afirma que Uganda asiste al SPLA. El presidente Yoweri Museveni ha desmentido ese extremo, e insiste en que el régimen fundamentalista islámico de Sudán apoya al LRA y al WNBF como capítulo de una política expansionista.
Dos mil milicianos del WNBF invadieron el noroeste de Uganda a fines de mayo, procedentes de Sudán. Pese a que el ejército rechazó la ofensiva, los rebeldes mantuvieron fuerzas en la zona y a principios de este mes atacaron la concentración política organizada por un candidato al parlamento.
La situación se complicó la semana última, cuando Zaire acusó a Uganda por una incursión armada en su territorio, que causó la muerte de 30 personas.
La operación tuvo lugar a 10 kilómetros de la localidad de Kisoro, situada en el extremo sudoccidental de Uganda. Kisoro había sido atacada en abril, aparentemente por la milicia ruandesa "interahamwe", acusada por agencias internacionales de participación en 1994 de la masacre de casi un millón de personas en Ruanda.
Zaire anunció que formalizará su denuncia contra Uganda ante las Organizaciones de Naciones Unidas y de Unidad Africana, aunque el gobierno de Museveni niega toda responsabilidad en el episodio, ocurrido en la aldea de Bunagama.
El ministro de Defensa de Uganda, Amama Mbabazi, calificó de "rídicula" la afirmación de Zaire. "Puedo asegurar categóricamente que ningún grupo con base en Uganda ha lanzado ningún ataque desde nuestro país contra otro", dijo Mbabazi a IPS.
Sea quien fuere el responsable de los hechos en Bunagama, lo cierto es que esa sección de la frontera entre Uganda y Zaire, que está muy cerca de Ruanda, se ha vuelto conflictiva en las pasadas dos semanas.
Unos 600 tutsis, la mayoría zaireños, huyeron de Zaire a Kisoro. Abdallah Kiganda, administrador de la zona, declaró a IPS que los refugiados dijeron haber sido atacados por ruandeses de la etnia hutu.
Mientras, el diario oficial New Vision informó el martes que hombres armados con machetes y lanzas asesinaron un día antes a un funcionario en el distrito zaireño de Rucru y luego colgaron su cabeza de un árbol.
Kiganda destacó que el ataque contra Bunagama atemorizó a la población ugandesa fronteriza con Zaire, aunque de momento no hay desplazados, ni tampoco se conoce a los responsables del sangriento hecho.
Un funcionario ugandés afirmó a IPS que los combatientes del WNBF que ingresaron en el país a fines de mayo procedían no sólo de Sudán, sino también de Zaire. (FIN/IPS/tra-en/ab/kb/ff/ip/96)
