Los prisioneros de Trinidad y Tobago condenados a muerte que han agotado todas las vías de apelación legal tendrían garantizada su cita con la horca pese a una resolución del Consejo Británico de Apelaciones, si el gobierno logra la aprobación de un proyecto que así lo establece.
El gobierno del primer ministro Basdeo Panday espera lograr la aprobación de legislación que anulará la decisión Pratt y Morgan de 1993 del Consejo Británico de Apelaciones, la más alta corte de apelaciones para varios países caribeños.
En principio, la decisión estableció que los prisioneros condenados a muerte por un período mayor de cinco años podrían ser considerados víctimas de un castigo cruel e inusual si eran enviados a la horca, por lo cual se conmutaban sus sentencias por prisión perpetua.
El Consejo Británico de Apelaciones también recomendó que se conmutara la pena a otros prisioneros condenados a muerte en la región por cinco y más años.
Earl Pratt e Ivan Morgan fueron dos jamaiquinos juzgados por asesinato en 1979 y 1977.
Una serie de apelaciones de los convictos y las intervenciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron que el Comité Judicial del Consejo Británico fallara a favor de los condenados.
La legislación que discute el gobierno procura categorizar el asesinato según los lineamientos del sistema de Estados Unidos, para que, en base a los hechos del caso, no todos los juzgados por asesinato sean sentenciados a muerte, ya que algunos podrían recibir una condena a prisión perpetua.
"Un gobierno debe disponer de medidas legislativas para asegurar que las sentencias se impongan a las personas en acuerdo con la ley", dijo el fiscal general, Ramesh Maharaj.
Pero no todos favorecen el intento del gobierno de hacer a un lado la decisión del Consejo Británico.
"Lo que Maharaj propone es anular la decisión Pratt y Morgan y hacer que la legislación se libere de ella", sostuvo el ex fiscal general Keith Sobion.
El presidente de la Asociación de Leyes, Frank Solomon, un activo abolicionista, ha criticado la medida como algo "que nos puede devolver a las época medieval, cuando la tortura y la degradación de los seres humanos eran formas aceptables de pena judicial". (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/lp/hd/96)
