Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Perú rechazan la amnistía dispuesta para militares y policías acusados de violación de derechos humanos y exigen la libertad de personas que se hallan en prisión por denuncia de insurgentes "arrepentidos" que buscaban reducir su propia condena.
Las ONG reclaman la revisión de causas de unos 1.000 reclusos sobre quienes no hay otra prueba acusatoria que el testimonio de acusados confesos a quienes se les prometió la rebaja de la condena si identificaban a otros rebeldes.
En cambio, la campaña no atiende la situación de los 3.000 activistas confesos o comprobados de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), las dos organizaciones insurgentes.
"La llamada ley del arrepentimiento, que reduce las penas a quienes dan otros nombres, ha sido aprovechada por los verdaderos subversivos", que "señalan a inocentes para encubrir a sus verdaderos companeros", afirmó Diego Garcia Sayan, de la Comisión Andina de Juristas.
García destacó que el gobierno de Alberto Fujimori amnistió en 1995 a 1.333 militares y policías denunciados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en el curso de la guerra contrainsurgente, pero mantiene en prisión a civiles acusados sin pruebas de haber participado en actos subversivos.
Sólo 75 por ciento de los 4.070 prisioneros acusados de pertenecer a Sendero Luminoso o el MRTA que se contaban en febrero han admitido la responsabilidad penal que se les atribuye.
Según una comisión conformada por personalidades y ONG y reconocida por el gobierno central, son comprobadamente ajenos a la actividad insurgente al menos 300 de los 1.000 reclusos que proclaman su inocencia.
La comisión recopiló la historia de esas 300 personas en "Los inocentes tienen nombre", un libro divulgado en apoyo de la campaña en curso.
"Lo más importante y grave no son los culpables liberados, sino los inocentes que aun permanecen atrapados en la maraña judicial", senala el sacerdote católico Hubert Lanssier, capellán de cárceles y coordinador de la comisión.
"No estamos solicitando que se les indulte o amnistíe, (pues) nadie quiere ser indultado por un delito que no ha cometido, sino que se reconozca su no culpabilidad", dice Lanssiers.
Las ONG de derechos humanos reclaman la modificación de los procedimientos judiciales extraordinarios empleados para juzgar los casos de terrorismo o traición a la Patria, porque limitan o anulan el derecho de defensa.
También han denunciado internacionalmente la ley de amnistía, pues sólo contempla el caso de los acusados entre las fuerzas de seguridad y deja en prisión a los civiles.
La mencionada ley, denominada por la oposicion "Ley de la Impunidad" fue criticada por representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según el sudanés Francis Deng, delegado del secretario general de la ONU para asuntos de desplazados, Fujimori declaró que entiende las causas de la crítica internacional a la amnistia a los militares, pero la considera necesaria para consolidar la paz.
La ley de amnistía fue promulgada en junio de 1995 "con el fin de lograr un clima de paz, concordia y reconciliación nacional", según expresa en uno de sus considerandos, y puso fin al juicio abierto a 1.334 militares y policías.
Entre los beneficiados por la ley figuran 14 generales, decenas de coroneles, comandantes y mayores, encausados por actos cometidos durante operaciones contrainsurgentes.
La ley formalizó una situacion de impunidad que prevalecía de hecho en la mayoría de los casos de violación de derechos humanos cometidos por las fuerzas gubernamentales en la guerra comenzada en 1980 contra Sendero Luminoso y luego contra el MRTA.
El teniente del ejército Telmo Hurtado, sentenciado a seis años de prisión por el asesinato en 1985 de 20 campesinos, entre los que se contaban niños, nunca estuvo en la cárcel ni fue suspendido del servicio activo e, inclusive, fue ascendido mientras cumplía teóricamente condena.
La amnistia liberó a los oficiales que ordenaron la muerte de 124 presos amotinados que ya se habían rendido, y a cuatro miembros del servicio de inteligencia que asesinaron a ocho estudiantes y a un profesor universitario.
Los pocos oficiales que cumplieron condena lo hicieron en prisiones militares donde, según aseguran grupos defensores de los derechos humanos, las condiciones de reclusión fueron "excesivamente benignas". (FIN/IPS/al/ff/hd/96)
