El sistema político panameño se enfrenta a su más dura prueba desde la caída en 1989 del dictador Manuel Noriega, debido a la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña electoral del presidente Ernesto Pérez Balladares, que fue reconocida por el mandatario.
Tras la sorpresa inicial provocada por la confesión de Pérez Balladares el pasado viernes, diversos sectores se enfrascaron o en una fuerte polémica sobre el delicado caso.
Según la versión del presidente, el colombiano José Castrillón Henao, detenido en Panamá bajo la acusación de dirigir el tráfico de drogas del cartel de Calí hacia Estados Unidos y Europa y de "lavar" narcodólares en la banca panameña, donó 51.000 dólares a la campaña electoral de Pérez Balladares en mayo de 1994.
El dinero llegó a la tesorería del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por medio de un recaudador de fondos para la campaña del actual segundo vicepresidente Felipe Virzi, quien luego se lo entregó a Pérez Balladares para que lo endosara.
El presidente afirmó que en esa época "nadie sospechaba" que Castrillón Henao era un narcotraficante ni que la empresa "Fuji International", que giró los 51.000 dólares contra una cuenta en "un respetable banco extranjero", formaba parte de su fachada legal para "lavar" dinero y traficar drogas.
El narcotráficante, a quien se identifica como "el heredero" del cartel de Calí, fue arrestado hace dos meses en este país durante una operación internacional entre las autoridades de Panamá, Estados Unidos, Colombia y otras naciones de la región.
Pese a su alegada inocencia sobre la procedencia del dinero y a que tomó la iniciativa de denunciar el hecho, sectores de la oposición demandaron que Pérez Balladares sea enjuiciado por el parlamento.
El diputado Rubén Arosemena, presidente del Partido Democráta Cristiano, anunció que pedirá al parlamento que investigue al presidente y determine "si hay méritos" para someterlo a juicio político.
La iniciativa de Arosemena fue respaldada por el diputado Leopoldo Benedetti, del opositor Partido Arnulfista, segundo en votos en las elecciones de 1994.
El anuncio de Arosemena y Benedetti desató una controversia en torno de la competencia del parlamento para juzgar un caso de este tipo.
El ex canciller Jorge Ritter, dirigente del PRD, señaló que los grupos contrarios a Pérez Balladares "estan magnificando las consecuencias" de la denuncia.
Tras indicar que "ni siquiera estamos en una crisis", Ritter aclaró que "fue una infiltración de dinero sucio y no un financiamiento de la campaña electoral" del presidente, como ocurrió recientemente en Colombia.
"No hubo comisión de un delito. No hubo violación de la constitución ni transgresión de la ley electoral, sino una situación anormal que el presidente denunció", precisó Ritter, abogado de profesión.
El ex presidente Guillermo Endara (1989-1994), del Partido Arnulfista, discrepó de Benedetti y coincidió con Ritter en que "éste no es un caso para hacerle juicio (a Pérez Balladares) en el parlamento.
Endara subrayó que "por encima de todas las cosas, lo importante es que se preserve el orden constitucional que tanto trabajo nos costó ganar", y no dirimir el conflicto en las calles como ocurrió a finales de la década pasada durante el régimen de Noriega, derrocado por Estados Unidos.
Sin embargo, el analista independiente Danilo Toro, adujo que el caso va a tener "un costo político" al margen de que al presidente se le juzgue o no en el parlamento o en alguna otra instancia que determine la ley.
Según Toro, Pérez Balladares tiene a su favor "que tomó la iniciativa de denunciar el hecho", al contrario de lo ocurrido con otros mandatarios de América Latina envueltos en escándalos, que "fueron forzados a confesar sus culpas luego de haberlo negado".
No obstante, advirtió que en el plano político todo va a depender de la capacidad de Pérez Balladares para hacer que la opinión pública crea en su versión y no en sus opositores.
"La opinión pública juzga y condena, y ese podría ser el castigo (de Pérez Balladares y el PRD) al final de la polémica", subrayó el analista político.
El enfoque de Toro es coincidente con la posición de algunos críticos de Pérez Balladares dentro del PRD, quienes aducen que para superar la crisis, el presidente "va a tener que sacrificar" algunos colaboradores en el gobierno y "hacer rodar cabezas" en el partido gobernante. (FIN/IPS/sh/ff/ip/96)
