La crisis financiera que sufre la Caja de Seguro Social de Panamá y la presión de los jubilados por un aumento de sus prestaciones volvió a poner a la orden del día el tema de la privatización de los fondos de pensión, como ocurrió en Chile y Argentina.
Expertos, empresarios y funcionarios comienzan a debatir el futuro del fondo de vejez, invalidez y muerte (pensión) que, según recientes estudios actuariales, para el año 2007 tendría un déficit superior a 23 por ciento.
El problema se deriva de varios factores, entre ellos el que por cada pensionado existen sólo cuatro cotizantes activos, los bajos intereses que paga la banca estatal, en la cual la Caja de Seguro Social está obligada por ley a depositar sus fondos, y un alegado mal manejo administrativo de esa institución.
Aunado a ello se suman las periódicas protestas de los pensionados en demanda de aumento en sus prestaciones, como ha ocurrido en las últimas seis semanas.
Un 40 por ciento de los 104.000 beneficiarios del fondo de pensión de la Caja de Seguro Social perciben ingresos por debajo del salario mínimo nacional de 200 dólares mensuales.
Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, aduce que si no se adoptan medidas en los próximos cinco años el fondo de pensión caerá en la bancarrota.
De acuerdo con una proyección realizada recientemente por la firma consultora KPMG Peat Marwick, en el año 2002 los egresos del fondo de pensión superarán en 9,8 millones de dólares los 438,4 millones de dólares que ingresarán ese año.
Tres años después, el déficit alcanzará 56,7 millones de dólares y para el 2007 el mismo subirá a 108,4 millones, equivalente a 23 por ciento de los ingresos previstos para esa época.
La proyección se basa en el supuesto de que los intereses que devengue el fondo sean de ocho por ciento anual -actualmente los estatales Banco Nacional y La Caja de Ahorros pagan sólo cinco por ciento-, que el crecimiento demográfico sea de dos por ciento y el crecimiento de salarios de uno por ciento.
Brenes consideró que la única forma de garantizar que los fondos sean suficientes para cubrir las prestaciones de los futuros pensionados es con la entrega total o parcial del manejo de los fondos de pensión a una institución privada.
Afirmó que al igual que ocurre en otros países, en el nuevo esquema el manejo y la inversión de los fondos administrados por el sector privado deben ser independientes del Estado, "y en algunos casos independientes de los propios fondos de inversión".
El experto advirtió que el fracaso de los tradicionales sistemas de pensión administrados por el Estado y basados en la solidaridad, no es producto de lo obsoleto del sistema sino de los criterios antieconómicos en la política de inversión de dichos fondos.
El éxito de los fondos de pensión, ya sea en manos estatales o privadas, radica "en la competitividad que genere en los mercados de capitales", afirmó.
El experto chileno Pedro Aguirre Chalin dijo durante un reciente seminario en la Cámara de Comercio de Panamá que el sistema usado en su país se basa en la capitalización individual y no en la institucional, como ocurre en Panamá y otros países que basados en el sistema de solidaridad generacional.
En el sistema chileno el trabajador aporta determinada suma de dinero a un fondo individual, el cual es acumulado en una cuenta de capitalización personal que aumenta de acuerdo a sus aportes más la retabilidad obtenida en el mercado de capitales, explicó Aguirre.
Sin embargo, el director de la Caja de Seguro Social, Ricardo Martinelli, se inclina por una reforma a la actual ley orgánica que rige la seguridad social y por mantener los fondos en manos del Estado.
La derogación de las disposiciones que obligan a la Caja del Seguro Social a depositar sus fondos en el Banco Nacional u otro banco estatal, y permitirle constituir su propio banco o canalizar sus fondos hacia bancos privados que paguen intereses a la tasa del mercado, figura entre las propuestas de Martinelli.
A pesar del debate y las advertencias sobre el posible colapso del fondo de pensión para dentro de 10 años, el presidente Ernesto Pérez Balladares, que desde hace dos años lleva a cabo un riguroso programa de privatización de activos públicos, aún no ha fijado pautas al respecto. (FIN/IPS/sh/ag/if-lb/96)
