Casi nadie parece alegrarse por la inauguración de la primera comisión nacional de derechos humanos jamás creada en la historia de Nigeria, cuyo gobierno militar no parece dispuesto a permitir el regreso de un régimen democrático.
De hecho se produjo una avalancha de reacciones escépticas por parte de los grupos democráticos y de defensa de los derechos humanos, después que el nuevo órgano oficial quedó instalado esta semana en la capital, Abuja.
Dado el clima de inseguridad que se percibe en Nigeria, no sorprende que mucha gente abrigue dudas de que la nueva comisión, compuesta de 14 hombres y dos mujeres, sea capaz de hacer algo.
La comisión, presidida por el ex magistrado de justicia P.K. Nwokedi, está integrada por funcionarios de los ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores, además de abogados y periodistas.
Entre sus miembros se encuentra el profesor de Derecho Tom Orage, hijo de uno de los cinco destacados líderes de la etnia ogoni que fueron asesinados por una turba en 1994, por cuyas muertes fueron ejecutados los defensores de los derechos de la minoría ogoni, Ken Saro-Wiwa y otros ocho, en octubre de 1995.
"No estamos seguros de en qué dirección se propone dirigirse la comisión de derechos humanos del jefe del Estado, general Sani Abacha, pero su creación no puede ser tomada como prueba de su compromiso con los derechos humanos", dijo en una declaración el grupo llamado Proyecto de Derechos Constitucionales (PDC).
El grupo espera ver primero la liberación de los miles de detenidos políticos que se encuentran en diferentes cárceles de todo el país.
"Un país que persigue, hostiga y detiene a los militantes por los derechos humanos no puede siquiera comenzar a fingir respeto por los derechos humanos", afirmó el PDC.
El decreto de creación de la comisión fue promulgado en octubre pasado, pero llevó ocho meses conseguir que el cuerpo pudiera prestar juramento y empezar a actuar. Los críticos creen que finalmente ha podido ser instalado a consecuencia de la visita de una misión de verificación de la ONU, en marzo.
A esa misión le siguió la derogación del Decreto sobre Detención por Seguridad del Estado, bajo cuyas normas se ha mantenido presas a muchas personas, sin someterlas a juicio.
Los militantes opositores, sin embargo, continúan en la cárcel, tal como recordó el miércoles una declaración del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
En su declaración, el grupo acusó al gobierno de reprimir a los militantes democráticos, en particular a los miembros de la Coalición Democrática Nacional, que es el principal nucleamiento opositor.
"Entendemos que el régimen usa esta práctica para descargar mayores ataques contra los que defienden la democracia y los derechos humanos", dijo el Comité.
Otro motivo de preocupación para estos grupos y para un número creciente de ciudadanos es el arresto de más de una decena de miembros de la familia del líder político detenido Moshood Abiola, ganador de las elecciones presidenciales de 1993, cuyos resultados fueron anulados por los militares.
La policía informó que esos parientes de Abiola fueron detenidos para ser interrogados sobre el homicidio de la esposa de Abiola, Kudirat, ocurrido este mes.
"Esto parece una guerra total con la familia de Abiola", comentó Yewande Abioro, comerciante, quien citó en su lengua yoruba el proverbio que dice: "Dios nos guarde de cruzar el camino del que manda". (FIN/IPS/tra-en/ro/kb/arl/hd-ip/96)
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