El secuestro en Nicaragua de una observadora electoral estadounidense, ya liberada, puso en evidencia dificultades del ejército para controlar la vasta área del norte y el centro del país en que está en marcha la inscripción de votantes.
Cinthia Garzony, funcionaria de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos, fue secuestrada a fines de la semana última a unos 350 kilómetros de Managua por un grupo de ex combatientes "contras", que la retuvieron durante 30 horas.
Rosa Marina Zelaya, presidenta del llamado Poder Electoral, interpretó la acción de los ex contras rearmados como tentativa de "atemorizar a los observadores y a la población" de los 26 municipios en que se realiza el empadronamiento con vistas a los comicios de octubre.
La inscripción en esos municipios, que en la década de 1980 fueron escenario de guerra, comenzó el último fin de semana con "relativo éxito" y se completará el sábado y el domingo próximos, de acuerdo con las previsiones oficiales.
Oscar Santamaría, ex canciller salvadoreño y jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, sugirió a las autoridades nicaragüenses ampliar el plazo de inscripción.
"El periodo de inscripción de dos fines de semana, en los 26 municipios del centro del pais, es muy corto y debería ser prorrogado", dijo Santamaria en rueda de prensa.
"Igual que en las elecciones de 1990, el plazo tendría que ampliarse a cuatro domingos consecutivos", agregó.
Zelaya puntualizó a IPS que la extensión del periodo de inscripción es un problema de orden financiero y no de voluntad politica.
"Yo no tendría ningún inconveniente en mantener abiertas 100 por ciento de las juntas (de inscripción) durante tres meses, si tuviera el presupuesto correspondiente. Pero enfrentamos muchos problemas financieros", advirtió.
El Poder Electoral solicitó cuatro millones de dólares para realizar el registro de votantes en los 26 distritos y verificar las inscripciones en el resto del país. Pero sólo recibió del gobierno algo más de un millón de dólares.
Se cree que unos 300.000 mayores de 16 años se incorporarán al registro electoral en las antiguas zonas de guerra. Casi todos votarán por primera vez, pues quienes eran mayores de edad en 1990, fecha de las últimas elecciones generales, estaban unidos al ejército "contra" o permanecían refugiados en Honduras.
La inseguridad conspira contra el empadronamiento. Unos 500 hombres armados operan en esas zonas, agrupados en varias docenas de bandas. La mayoría pertenecieron a la extinta contra, como "Pajarillo" y "Culebra", los dos cabecillas que secuestraron a Garzony.
El ejército y la policía destinaron casi 5.000 efectivos al norte y el centro del país, para proteger el proceso de inscripción electoral. Aunque el secuestro de la observadora estadounidense puso en duda la eficacia del despliegue militar.
El ministro de Asuntos Sociales, William Báez, aseguro que tropas del ejército persiguen a los secuestradores de Garzony. Pero la movilidad y efectividad de los irregulares se puso de manifiesto esta semana, cuando emboscaron a una caravana militar en el sector de La Maranosa, a unos 250 kilómetros de la capital.
La presidenta del Poder Electoral reconoció que esos hechos afectaron la inscripción de votantes en algunos municipios.
Los irregulares "querian crear zozobra y lo lograron en alguna sitios, donde no comenzó el proceso electoral por temor", dijo Zelaya. (FIN/IPS/rf/ff/ip/96).
