Las Naciones Unidas, gravemente afectadas financieramente por falta de fondos, se vieron sacudidas por un nuevo escándalo de estafa, falsificación y desfalco
La secretaría de la ONU está investigando el caso de un funcionario de la sede de la organización en Ginebra, que se tambalea al borde de la bancarrota, quien fué acusado de defraudación por un monto de medio millón de dólares.
La estafa denunciada tuvo lugar en la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuyo cierre fué pedido por Estados Unidos como parte de la reforma del organismo mundial.
Karl Paschke, responsable de la Oficina de Servicios Internos de Supervisión (OSIS), describió la malversación como "el caso más significativo de estafa" cometido dentro del sistema de la ONU.
Paschke está guiando personalmente un equipo de funcionarios para investigar el caso, que emerge en un momento en que las Naciones Unidas están al borde del colapso financiero. Hasta la semana pasada, los países morosos debían 2.700 millones de dólares.
La vocera de la ONU, Sylvana Foa, señaló que ya se habían identificado 200.000 dólares en pérdidas, pero el desfalco podría ascender a 500.000 dólares.
"La investigación recién empieza y el funcionario implicado ha estado con licencia por enfermedad durante varias semanas", dijo.
El funcionario, un estadounidense, fué acusado de "estafa bajo la forma de falsificación y desfalco". El dolo tuvo lugar en un período de cinco años a partir de 1991, según Foa, quien no reveló como se descubrió la maniobra ilegal.
Foa dijo que el inculpado se encuentra bajo "órden de prisión preventiva" y su inmunidad diplomática fué anulada para facilitar la acción judicial.
Si bien los funcionarios de la ONU evitaron dar detalles sobre el acusado, su rango indica que ganaba entre 85.000 y 90.000 dólares por año.
Como las oficinas de las Naciones Unidas normalmente destruyen todos sus documentos despues de cinco años, los investigadores están tratando de obtener pruebas en los archivos de la ONU.
Desde la creación de la OSIS en 1994, la organización ha estado combatiendo vigorosamente la mala administración, el despilfarro y el fraude en el sistema de la ONU.
Paschke, el primer funcionario que encabeza la oficina, está encargado de "velar por la eficacia de las prácticas gerenciales dentro de la ONU y proteger sus recursos".
En mayo de 1995, la ONU persiguió a una funcionaria que escapó tras apropiarse indebidamente de 28.000 dólares. La acción dió lugar al primer proceso exitoso de un empleado de la ONU por apropiación ilícita de fondos.
Paschke elogió el proceso de la mujer, que se reconoció culpable, como una "clara señal que las Naciones Unidas están decididas a llevar a los estafadores a la justicia y asegurar la completa restitución de sus pérdidas".
Por otra parte, la OSIS está investigando la pérdida de 3,9 millones de dólares de un edificio que albergó en 1993 a las oficinas de la operación de paz de la ONU en Somalía. Si bien Scotland Yard fué llamada para asistir a la investigación, hasta el momento la suerte corrida por esos fondos es un misterio.
Francia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ha propuesto la creación de un tribunal especial para castigar al personal de la ONU convicto por corrupción y estafa.
En su propuesta al secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, Francia apuntó que la credibilidad de la ONU había sido afectada por la apropiación ilícita de fondos y la violación de las normas de contabilidad.
Añadió que la imágen del organismo mundial sigue empalidecida por la amplia "publicidad" que dan los medios a los pocos casos de fraude y corrupción en el sistema de la ONU.
El año pasado, Boutros-Ghali dijo que, bajo las actuales normas administrativas, la organización carecía de autoridad legal para retener el sueldo de un empleado o bloquear sus beneficios jubilatorios como medidas punitivas por pérdidas debidas a estafas.
Bajo las reglas del personal, la recuperación de dinero faltante no es considerada una medida disciplinaria contra un empleado.
Sin embargo, según las nuevas normas elaboradas por el departamento legal, los funcionarios serán punidos con la cárcel si resultan culpables de fraude.
Boutros-Ghali ha pedido al departamento legal de hacer más eficiente el sistema de justicia interna, como parte de la restructuracion en marcha del organismo mundial.
El secretario general dijo tambien que promulgará reglas "para hacer más explícita mi intención de tratar cualquier acción administrativa equivocada o toda certificación falsa de documentos como una seria inconducta que dará lugar al despido inmediato, cualquiera sea el rango del implicado". (FIN/IPS/tra- en/td/yjc/ego/ip).
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