Partidos opositores y grupos humanitarios de México rechazaron hoy dictámenes políticos y policiales que exoneraron a autoridades del sureño estado de Guerrero por una matanza de 17 campesinos, pese a que la Suprema Corte de Justicia los había considerado culpables.
La impunidad reina en México, coincidieron en señalar portavoces del grupo humanitario Augustín Pro y de los opositores partidos Acción Nacional (PAN, derecha) y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
El Congreso y la Procuraduría de Guerrero exculparon el fin de semana de la matanza de los campesinos, ocurrida en junio de 1995 durante una emboscada policial, al gobernador de ese estado, Rubén Figueroa, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a sus cercanos colaboradores.
El caso, investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguido con atención por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, fue estudiado entre marzo y abril por la Suprema Corte de Justicia de México a pedido del presidente Ernesto Zedillo.
Según la Corte, Figueroa y sus colaboradores violaron garantías individuales y tergiversaron información sobre la matanza de los campesinos, pertenecientes a una organización opositora. Además, el gobernador "manipuló, engaño y ocultó" datos sobre el crimen.
Pero la Procuraduría y el Congreso de Guerrero, a 411 kilómetros de la capital mexicana, donde el PRI cuenta con mayoría, consideraron lo contrario.
La Procuraduría indicó que no podía consignar a los acusados, pues dijo no contar con pruebas que los incriminen y el Congreso se negó a juzgarlos políticamente con el mismo argumento.
"Así no se resuelven los problemas del país. Mientras algunas autoridades judiciales en los estados como Guerrero no actúen con honestidad no habrá un verdadero desarrollo", dijo Jesús Ortega, coordinador de los diputados del PRD en el Congreso federal.
Figueroa, quien según versiones periodísticas es amigo cercano de Zedillo, tras conocer la orden presidencial para que la matanza sea estudiada por la Suprema Corte, pidió licencia para retirarse del cargo.
El dictamen inculpatorio de la Suprema Corte, que no tuvo rango de sentencia, se anunció luego de la difusión de un video, tomado en el lugar de la masacre, que desvirtuó la tesis de Figueroa de que fueron los campesinos quienes atacaron a los policías.
El gobernador y sus colaboradores basaban sus argumentos en un video, que se descubrió fue editado, en el que aparecen los cuerpos de los campesinos con armas en sus manos. Según la Corte, las imágenes usadas por las autoridades de Guerrero demostraron las complicidades y engaños con que se manejó el caso.
Figueroa sostiene que los campesinos, miembros de una organización investigada por supuestos vínculos con grupos guerrilleros, murieron al oponerse con violencia a un control policial.
"Es lamentable que en un país como México que vive un estado de derecho haya autoridades que oculten y manipulen investigaciones para favorecer intereses personales", dijo Juventino Castro y Castro, miembro de la Suprema Corte de Justicia.
El secretario general del PAN, Juan García, manifestó que la exoneración de Figueroa "es una muestra de como el PRI está unido para permitir la impunidad entre sus miembros".
El caso de los campesinos asesinados en Guerrero, que fue considerado por Washington como la peor violación de los derechos humanos ocurrida en México en 1995, será analizado en el lugar por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 15 y 24 de julio próximos. (FIN/IPS/dc/ag/hd-ip/96)
