Ni usando a espiritistas la policía de México logró aclarar la muerte del juez Polo Uscanga, asesinado hace un año tras denunciar presiones oficiales, y magistrados y juristas creen que el caso nunca se resolverá, pues lo consideran un crimen de Estado.
"Puedo asegurar que concluirá el sexenio (del presidente Ernesto Zedillo, en el 2000) y no encontrarán al culpable, y pasará este caso al anecdotario, junto a los casos de (Luis) Colosio, (Francisco) Ruiz Massieu y (Jesús) Posadas", dijo este jueves Carlos Vázquez, juez del Tribunal de Justicia.
El 19 de junio de 1995, Uscanga fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en la oficina de un familiar. Había advertido que podría ser asesinado por denunciar irregularidades en la administración de justicia, y que ya había sido amenazado e incluso agredido.
"A todas luces", el asesinato del magistrado tuvo "intención de desestabilizar. Lo que hubo fue un crimen de Estado", sostuvo Vázquez.
Unos 600 agentes participaron en la investigación del hecho, pero sin resultados. Las autoridades llegaron al extremo de contratar a una pareja de espiritistas para que se "comunicaran" con Uscanga en el más allá.
Líderes de los partidos políticos, analistas y empresarios opinan que se trata de una prueba más de la descomposición del sistema político mexicano.
El misterio que cubre a los responsables del homicidio de Uscanga es similar al que persiste en torno del asesinato del cardenal Posadas, en 1993, y Colosio y Ruiz Massieu, dos dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Insitucional (PRI) muertos en 1994.
La falta de progreso en las investigaciones sobre la muerte de Uscanga evidencia "que existen grandes intereses en la indagatoria que no permiten tener una hipótesis clara de los hechos", opinó el jurista Raúl Carrancá y Rivas.
"La indagatoria va muy lenta, lo que pone en alerta y se presta a diversas interpretaciones. Lo evidente es que hay grandes intereses en choque", declaró Carrancá y Rivas, quien dirige el seminario de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En un mensaje póstumo, Uscanga responsabilizó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Aguero, de su eventual asesinato.
Aguero, quien renunció a su cargo tras el asesinato del juez y luego fue llamado a declarar por la Procuraduría, que nunca lo consideró culpable, sostuvo que él fue el más perjudicado por la muerte de su colega, pues "me había calumniado".
Uscanga denunció poco antes de morir que Aguero lo presionó para avalar el "ilegal" encarcelamiento de los líderes sindicales de la empresa de transporte capitalino Ruta 100.
La firma, que movilizaba tres millones de pasajeros por día con subvenciones oficiales, fue cerrada en abril de 1995 bajo el argumento de que había quebrado y que su sindicato era corrupto.
El sindicato de la empresa, creada en 1981, financió la creación del llamado Movimiento Proletario Independiente, una organziación barrial que se proclamó opositora al gobierno y que los últimos años realizó decenas de protestas callejeras contra las autoridades.
Quince días antes de morir, Uscanga indicó a la prensa que desconocidos lo mantuvieron secuestrado varias horas y le advirtieron que no debía repetir sus denuncias sobre supuesta injerencia del gobierno en el Poder Judicial.
El magistrado fue la tercera persona vinculada de alguna forma con el desmantelamiento de la empresa Ruta 100 que murió en circunstancias misteriosas.
Antes fue acribillado a tiros el fiscal Humberto Priego, que investigó a los dirigentes del sindicato de la empresa de transporte, y el secretario de Transporte del Distrito Federal, Luis Moreno, quien, según la versión oficial, se suicidó de dos disparos en el pecho.
Es extraño y sospechoso que a un año de la muerte de Uscanga no se sepa nada, observó la jueza Margarita Guerra, ex compañera de Uscanga en la octava sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. (FIN/IPS/dc/ff/ip/96)
