Los gobiernos de España y México aplazaron la entrada en vigor de un nuevo tratado de extradición, prevista para hoy, por discrepancias sobre su alcance y retroactividad.
El subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Rebolledo, indicó que las cancillerías de los dos países negociarán la "interpretación" que se dará al tratado, que según políticos locales fue creado "especialmente" para detener a personas vinculadas al grupo separatista vasco ETA.
Informes provenientes de España indican que el gobierno de ese país pidió a México una nueva interpretación jurídica del instrumento, firmado en junio de 1995, para permitir que tenga un alcance retroactivo, medida que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se niega a aceptar.
Según Rebolledo, el nuevo gobierno de España, encabezado por José María Aznar, no conoce aún los alcances del acuerdo de extradición suscrito con el ex primer ministro Felipe González.
"No tenemos prisa en tiempos, ambos países queremos un buen acuerdo", expresó.
Portavoces del opositor Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política de México, acusan al gobierno de cambiar las tradicionales políticas de asilo del país por suscribir el nuevo acuerdo de extradición con España.
En el tratado, que modifica uno vigente desde 1989, se incluyeron nuevas causas de extradición, como deudas al fisco. Se especificó además que el terrorismo no puede ser considerado como un delito político.
Informes extraoficiales indican que en México viven entre 120 y 200 miembros de la ETA, la mayoría de los cuales estarían ya integrados a la vida civil local.
Desde la firma del nuevo tratado de extradición, dos vascos fueron expulsados de México con el argumento de que no tenían sus papeles migratorios en regla. Uno más, que pidió formalmente asilo político, permanece detenido con el mismo argumento. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96).
