Tras un agresivo proceso de privatizaciones, que entre 1985 y 1994 lo colocó como líder en América Latina en esa materia, México intenta sin mucho éxito reactivar la venta de sus activos estatales.
El secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, informó que la promocionada privatización de las plantas petroquímicas fue pospuesta debido a los conflictos políticos y legales que generó el proyecto entre la oposición, trabajadores petroleros y hasta sectores del oficilismo.
A 18 meses de gestión y 17 de presentar sus planes privatizadores, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo logró vender únicamente tres terminales portuarias, a un costo de unos 165 millones de dólares.
La privatización de plantas eléctricas, ferrocarriles y servicios de aeropuertos muestra lentitud, pues aún está en fases preliminares, como definir bases y registrar a las empresas interesadas, dijo el analista financiero Ignacio Catalán.
La Confederación Patronal demandó al gobierno no dar marcha atrás en sus afanes privatizadores, "pues eso generaría dudas y desconfianza entre los inversionistas".
Sin la propaganda de meses pasados, el último miércoles se abrió el período para que 32 grupos mexicanos y extranjeros interesados en la privatización de la red ferroviaria, que actualmente registra un déficit anual operativo de unos 140 millones de dólares, presenten propuestas técnicas y financieras.
Los nuevas privatizaciones en las que está empeñado el gobierno son parte de los compromisos asumidos por México con Washington y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en enero del año pasado entregaron préstamos dirigidos a superar la etapa de crisis estallada a fines de 1994.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) difundido en abril señala que México encabeza la lista de las privatizaciones en la región al acumular en nueve años un total de 20.408 millones de dólares con la venta de 24 empresas estatales.
Según Cepal, entre 1985 y 1994 se privatizaron 56 compañías en la región, cobrándose por ellas 48.978 millones de dólares. México fue el país que más dinero obtuvo por esos negocios.
El secretario de Hacienda indicó este viernes, en entrevista publicada por el diario Reforma, que el gobierno revisará las aparentes contradicciones legales existentes en el proceso de privatización de las petroquímicas y considerará las críticas que viene generando el proyecto.
La privatización no está cancelada, sólo pospuesta debido a los inconvenientes registrados, aseguró.
El sindicalismo oficial y diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional, entre otros sectores, cuestionan la venta de las plantas petroquímicas, pertenecientes a la estatal Pemex, al considerar que se violaría normas constitucionales según las cuales los recursos energéticos son patrimonio exlusivo del Estado.
"Además de atentar contra la soberanía nacional, la privatización de las 61 plantas petroquímicas traerá como consecuencia el despido de 30.000 trabajadores y agudizará la dependencia del país", denunció Miguel Machorro, portavoz del Movimiento Nacional Petrolero.
Con inversiones anuales por 3.800 millones de dólares, Pemex es una de las pocas firmas de su tipo en el mundo que aún no ha permitido la participación extranjera.
Un equipo de expertos revisa los aspectos jurídicos de la licitación de las petroquímicas para descubrir si existen trabas legales que, como asegura la oposición, impiden la venta, dijo el secretario de Hacienda.
Si existen problemas legales se harán los ajustes necesarios para que el proceso siga adelante y sin tropiezos, prometió.
El gobierno calcula que podría vender las petroquímicas en unos 2.000 millones de dólares, cifra que la oposición considera ridícula frente a los más de 10.000 millones que asegura vale.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación demandó al gobierno de Zedillo mantener sus proyectos privatizadores, pero aplicando un trato diferenciado a los capitales nacionales, para evitar que sólo empresas extranjeras puedan participar en las licitaciones.
De no atender el pedido, advierten, se acentuaría la dependencia de la economía mexicana. (FIN/IPS/dc/dg/if/96).
