El gobierno de Chile destacó hoy con entusiasmo el acuerdo definitivo para la asociación con el Mercosur, mientras tres partidos políticos condicionaron la ratificación del tratado a medidas compensatorias en favor del sector agrícola.
El tratado entre Chile y el Mercado Común del Sur (Mercosur) será firmado por los presidentes de los cinco países en la décima cumbre del bloque, que tendrá lugar el día 25 en la ciudad argentina de San Luis.
En rueda de prensa conjunta en Santiago, los ministros de Economía, Alvaro García, y Hacienda, Eduardo Aninat, resaltaron los beneficios para Chile del tratado que se terminó de negociar este miércoles en Buenos Aires.
García regresó de la capital argentina, adonde viajó con el canciller José Miguel Insulza para ratificar las fórmulas de solución a los últimos puntos pendientes alcanzadas por los grupos negociadores.
Insulza viajó a su vez desde Buenos Aires a Florencia, Italia, para unirse a la comitiva del presidente Eduardo Frei, quien suscribirá este viernes allí el nuevo acuerdo de asociación y cooperación de Chile con la Unión Europea.
El día 25 en San Luis, Frei firmará la asociación de Chile con el Mercosur junto a los mandatarios de los cuatro países del bloque: Carlos Menem, de Argentina, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay, y Julio Sanguinetti, de Uruguay.
Luego de su ratificación por el Parlamento chileno, el tratado entrará en vigencia desde el 1 de octubre, fecha en que comenzará a desgravarse de inmediato alrededor de 80 por ciento del universo de productos que intercambian los cinco países.
García afirmó que la asociación con el Mercosur reportará beneficios a todos los trabajadores, los consumidores y las distintas regiones de este país de casi 14 millones de habitantes.
"Este es un gran acuerdo para Chile, que potencia y estimula tanto la productividad como los niveles de competitividad de nuestro país, con beneficios directos para los consumidores, que tendrán a su alcance productos más baratos", dijo el ministro.
García calificó como un triunfo el acuerdo sobre los llamados derechos específicos y las tasas estadísticas, que estableció un arancel máximo en el Mercosur de 25 por ciento para los textiles y calzados chilenos, gravados actualmente hasta en 100 por ciento.
Chile consiguió igualmente rebajar a 350 los rubros que quedarán sujetos a denominaciones especiales de normas de origen, relativas a los porcentajes de componentes importados de un bien para ser considerado nacional y recibir los beneficios de la liberación arancelaria.
El ministro Aninat resaltó las fórmulas de desgravación para las importaciones de petróleo y derivados, entre 40 y 30 por ciento en lapsos de ocho a 10 años, que redundarán en bajas de los precios de los combustibles en Chile.
El titular de Hacienda indicó también que el país reducirá en los primeros tres a cuatro años del tratado en 100 millones de dólares sus ingresos tributarios, por rebajas de aranceles a sus socios del Mercosur.
Esta baja de ingresos tributarios, asociada igualmente a menores cobros del impuesto al valor agregado (IVA), llegará a unos 200 millones de dólares en ocho a 10 años, con el tratado en plena vigencia, añadió Aninat.
Mientras los ministros resaltaban el acuerdo en Santiago, en la sede del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital chilena, surgían los primeros reparos de los partidos políticos.
Parlamentarios del oficialista Partido Por la Democracia (PPD) y de dos colectividades opositoras anticiparon que condicionarán la ratificación del tratado a compensaciones para quienes serían perjudicados por la liberación del comercio con el Mercosur.
Las demandas de los partidos apuntan sobre todo a resguardar a los sectores vinculados a la agricultura tradicional, productores de granos, carnes y lácteos, así como a las regiones que concentran esas actividades.
El senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que su partido exijirá precisiones del gobierno sobre los objetivos de su política integracionista y de la asociación con el Mercosur.
Larraín y el senador Sergio Romero, del también derechista Partido Renovación Nacional (PRN), insistieron en que los compromisos sobre compensaciones al agro deben ser previos a la ratificación del tratado con el Mercosur.
Guillermo Ceroni, jefe de la bancada de diputados del PPD, coincidió en las demandas de resguardo para el sector agrícola, pero puso el acento en la protección de los pequeños y medianos productores de las regiones sureñas.
El parlamentario oficialista planteó la rebaja de aranceles para la importación de equipos agrícolas, así como sistemas de becas escolares y de subsidios de ancianidad en los sectores del campesinado.
El parlamento sólo podrá ratificar o rechazar el tratado con el Mercosur, pero no está facultado para modificar su texto, que prevé plazos de desgravación lenta, de 15 a 18 años, para los rubros agrícolas conflictivos. (FIN/IPS/ggr/ag/if/96
