Cien niños, niñas y adolescentes ocuparon hoy los asientos del parlamento en Venezuela, para denunciar abusos en su contra y exigir que la ley de menores se adapte a la convención internacional sobre los derechos humanos de la niñez .
"Tenemos derecho a ser escuchados y a que nuestra opinión se tome en cuenta para reformar la ley", dijo Lusana Márquez, estudiante de noveno grado de 15 años, apenas fue investida este viernes presidenta del parlamento infantil y juvenil.
Los miembros de ese parlamento, que sesionaron en el hemiciclo del Senado en el Capitolio de Caracas, fueron niñas, niños y jóvenes de nueve a 16 años, provenientes de 45 escuelas e instituciones de 12 de los 22 estados de Venezuela, y presentaron 29 ponencias sobre sus reivindicaciones.
Oscar Misle, del no gubernamental Centro Comunitario de Aprendizaje que organizó la jornada, dijo a IPS que su objetivo "es enriquecer el debate sobre la reforma legal con aportes de los niños estudiantes, trabajadores, conservacionistas, indígenas y de otros sectores".
La primera ponencia presentada destacó la necesidad de un Código para la infancia y la juventud, porque esa forma legal recopila todas las normas existentes sobre una materia "y es un marco mejor para adaptarlas a la convención internacional", adoptada en 1990.
La venezolana "ley tutelar de menores", que data de hace 16 años, en opinión de los ponentes "se ocupa de los muchachos que la sociedad ve como un problema y sólo sirve para castigar".
"Necesitamos una ley que proteja a todos los que tenemos menos de 18 años", apuntó.
Otra ponencia atacó el término "menor", usado en la ley vigente, pues el joven orador, que como los demás ponentes no se identificó con su nombre sino con el de la escuela que representó, se interrogó: "somos menores, pero ?menores de qué?".
Y se contestó entre aplausos: "somos menores de edad, no de capacidad de pensar o de querer a este país".
Niños, niñas y jóvenes hablaron luego sobre la libertad de expresión, la participación, la familia y el derecho a no ser maltratado, recordando encuestas sobre 50.000 hogares reveladoras de que el maltrato es frecuente en 70 por ciento de la población.
Una encuesta a niñas y niños que hizo el Centro Comunitario mostró que según 48 por ciento de las muchachas y 45 por ciento de los muchachos, "el derecho a no ser maltratado es el más irrespetado" en la cotidianidad venezolana.
Otras ponencias versaron sobre la situación de niños trabajadores, los derechos a la vida, a un ambiente sano, a la educación, a informarse, a una televisión menos violenta, a presentar denuncias ante autoridades y contra la discriminación.
Misle explicó que el Centro Comunitario envió a instituciones y escuelas participantes una guía para que los niños identificasen los modos como se están violados sus derechos, y en consulta con adultos elaborasen por escrito tanto las quejas como las propuestas.
Cuando se abrió el debate, la mayoría de los niños y niñas hicieron propuestas de reforma a los programas de enseñanza para incluir, de manera prioritaria, el estudio de sus derechos y los mecanismos para defenderlos.
Menudearon las acusaciones contra la policía, que los acosa más que protegerlos, afirmaron, contra los transportistas, que irrespetan la tarifa preferencial para estudiantes, y aun contra maestros y escuelas "que prefieren a los alumnos sobresalientes y discriminan a los impedidos".
Conmovió la intervención de la indígena wayu (etnia del noroeste, en la frontera con Colombia) Miladis Morales, de 13 años, al reivindicar el derecho a su propia cultura, idioma, y a la tierra, la madre, de la que forman parte.
Otras intervenciones urgieron al gobierno y el Congreso a considerar las propuestas del parlamento infantil y juvenil, a lo que se comprometieron públicamente Nancy Montero, del gubernamental Instituto del Menor, y Lilian Arvelo, de la comisión parlamentaria para reformar la ley del menor.
"Asumo el compromiso de tomar en cuenta estas 29 ponencias para la redacción de la nueva ley", dijo Arvelo al intervenir -bajo la advertencia de Márquez de que debía hacerlo en cinco minutos-, aunque reconoció que existe resistencia desde el Poder Judicial para eliminar el término "menor".
Márquez, alumna de una escuela de la organización asistencialista católica Fe y Alegría, con un promedio de 19 puntos sobre 20, dijo a IPS que luchará para que el parlamento infantil y juvenil haga seguimiento y control del compromiso de las autoridades.
A la pregunta de qué sueña alguien que ocupó por unas horas la primera silla del parlamento venezolano, respondió: "Que el país salga de la crisis económica, que se cumplan las leyes y que los viejos políticos, con todo respeto, se retiren y dejen pasar a los nuevos". (FIN/IPS/hm/ag/pr-hd/96
