Las Fuerzas Armadas de Honduras pidieron hoy parar el "circo" sobre las desapariciones forzadas de los años 80 y la captura de 16 militares prófugos, acusados de violar los derechos humanos.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, afirmó molesto que ya es tiempo de "parar este circo con el cual no se puede darle de comer al pueblo".
"Revivir juicios de hechos que pasaron hace 13 años me parece que es vivir enraizados en el pasado y no querer entender que eso fue producto de la guerra, algo que afectó a todos los países latinoamericanos", dijo Hung.
El líder castrense reaccionó ante las órdenes de captura emitidas este lunes contra trece oficiales del ejército, activos y en retiro, que junto a otros tres, permanecen prófugos de la justicia.
Un juez de la sureña ciudad de Choluteca, a 150 kilómetros de la capital, ordenó la captura de los uniformados, que sorpresivamente no están en sus cuarteles porque gozan de "permiso indefinido" dado por sus superiores.
Estos militares son acusados por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) de perpetrar la desaparición y muerte del ciudadano hondureño Adán Avilez y el nicaragüense Amado Espinoza Paz, ocurrida en 1982.
Avilez y Paz fueron, según testigos, ejecutados por los militares y sepultados como "desconocidos". Un equipo de forenses y antropólogos argentinos encontró el año pasado sus cuerpos.
Ante la demanda del Codeh, el juez del caso, Arístides Aguilera, encontró méritos para pedir la captura de los acusados, entre los que destacan altos oficiales de la policía, el ejército y miembros de la desaparecida policía secreta.
Para Hung, los nuevos juicios contra estos militares no "prosperarán y lo mejor será frenar el odio y comenzar a promover una cultura de los derechos humanos".
"No es con vendettas de cualquier tipo como vamos a solucionar los problemas. Creemos que esta situación no va prosperar y pido a la prensa ser más responsable y no seguir líneas de determinados sectores", remarcó el general.
Tras reunirse con la cúpula del ejército para evaluar la nueva crisis que vive esa institución, el general pidió al Codeh y demás grupos humanitarios abandonar sus postura y acogerse a la política de "la reconciliación, el olvido y el perdón".
"No es que estemos arrinconados, sino que creemos que ya es tiempo de hacer un alto, porque a veces lo legal no es lo justo y este circo debe acabar", insistió.
Este viernes, miembros de la Fiscalía y grupos humanitarios dejaron entrever la dificultad de capturar a los oficiales prófugos. Muchos de ellos se fugaron del país.
El presidente Carlos Reina dijo este jueves que le informaron de que varios de los oficiales requeridos se encuentran en España. Eso "complica un poco su captura", señaló.
Otro grupo estaría en Estados Unidos, por lo cual el representante del estatal Comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, solicitará al gobierno de ese país facilidades para encontrarlos.
El fiscal Edmundo Orellana dijo que si es preciso se solicitará la extradicción de los militares y pidió el apoyo de migración para evitar la fuga de otros.
La orden de captura contra los 13 uniformados es la segunda de ese tipo librada en lo que va del año. La primera fue contra tres oficiales, actualmente prófugos, acusados de participar en la desaparición temporal de seis opositores políticos en 1982.
Entre los nuevos acusados de violar los derechos humanos se encuentran el actual inspector de la Policía Marco Antonio Matute Lagos y el coronel Aben Claros, asignado al cuartel general de ese organismo en Tegucigalpa.
También el ex portavoz de los militares Manuel Suárez Benavides y el dirigente deportivo general Daniel Balí Castillo, así como el comandante del 16 batallón de infantería, Marco Tulio Ayala Vindel.
La orden de captura también abarca al coronel Alexander Hernández, sobre quien pesa la responsabilidad de la desaparición de 32 de los 184 opositores políticos en los años 80. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/96
