La comisión parlamentaria de Justicia y Seguridad Pública comenzará en breve una investigación y revisión del sistema judicial de Haití, alcanzando incluso al tratamiento de delitos graves, como los asesinatos políticos, y las condiciones carcelarias.
El presidente de la comisión, Joseph Jasmin, dijo que "estos son los asuntos prioritarios para nosotros, después de la aprobación del presupuesto".
"Los delitos quedan impunes, y en los tribunales violan la ley aquéllos que se supone deberían aplicarla", dijo el legislador. "La mayoría de la población no tiene acceso a la justicia, no existen suficientes juzgados, y en algunas regiones la gente debe caminar 10 kilómetros para denunciar un delito".
La comisión limitará su trabajo al examen de los casos que le han sido presentados, ya sea por el gobierno, por organizaciones civiles o por individuos.
Una de las principales investigaciones estará dedicada a conocer las circunstancias en que fue asesinado el parlamentario Jean Hubert Feuille, hombre de confianza del ex presidente Jean Bertrand Aristide, que fue muerto a tiros por pistoleros no identificados el 7 de noviembre de 1995.
Otras denuncias que serán examinadas se refieren al mal uso de fondos públicos y en particular a la desaparición, entre 1991 y 1994, de más de 300 vehículos que pertenecían al Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones.
La comisión de 12 miembros también estudiará en profundidad el funcionamiento del sistema judicial, ya que Jasmin -que participa activamente en una organización para la defensa de los derechos humanos- entiende que las condiciones carcelarias son un indicador del sistema democrático de un país.
La importancia del trabajo de esta comisión fue subrayada en un informe de 35 páginas realizado por la Misión de Observación Civil de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (MICIVIH), que exhorta al gobierno a actuar con rapidez para reducir el mal funcionamiento del sistema judicial.
La misión hizo numerosas recomendaciones, incluyendo una reforma completa del sistema penal y judicial. Entre ellas, el informe propone una nueva definición del estatuto de los jueces y de otras funciones dentro de la administración de justicia.
Según MICIVIH, pese a que la Constitución del país garantiza la independencia de los magistrados, por desgracia esto "no es algo que se cumpla en todo momento".
El informe también recuerda que la justicia suele ser inaccesible para el bolsillo de la mayoría de los haitianos y sugiere la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas del crimen. (FIN/IPS/tra-en/ms/arl/ip-hd/96)
