La construcción de viviendas en Amérrica Latina está en riesgo por la reducción del Estado, alertaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la región presentes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II).
Un tercio de las familias latinoamericanas, lo que hace 150 millones de personas, carece de vivienda o la que ocupa es muy precaria, recordó en esta cumbre el presidente del instituto cubano de vivienda, Mario Cabello.
"Ya no esperamos del Estado que construya y asigne una casa para cada familia o habitante, no ha sido posible ni lo será, pero queremos su protagonismo en redistribuir las cargas y los beneficios de la urbanizacion", dijo a IPS Alejandro Florián, de la Federación Colombiana de Vivienda.
"La tendencia es estableccer que el mercado sea el único proveedor de vivienda, lo que deja fuera a los sectores de menores recursos. Lo que queremos es que el Estado no se case con una sola alternativa", destacó.
Para el mexicano Enrique Ortiz, secretario general de la Coalición Internacional para el Hábitat, "el Estado se achica y debemos tratar de que no retroceda en medio de esta crisis que golpea sobre todo a los más pobres y obliga a no dejarse arrastrar por ella".
Ortiz destacó que desde la primera cumbre mundial sobre el Hábitat, hace 20 años en Vancouver (Canadá), "la sociedad civil sabe más lo que quiere, es más creativa, tiene más propuestas y debe aprovechar el producto de esta segunda conferencia".
Hábitat II producirá una declaración de principios, que reconocerá el derecho a la vivienda aunque salvando el carácter progresivo de su instrumentación, y un plan de acción que puede contener hasta 150 propuestas, según los borradores.
La cumbre se ha acompañado de un foro con unos 7.000 activistas de ONG, que desde centenares de reuniones, debates y actividades diversas en torno a la conferencia de gobiernos intentan influir sobre los documentos que se producirán, pero también mostrar proyectos alternativos.
Pero también reivindican el derecho a la vivienda, incluso con formas de lucha como la manifestación callejera que un millar de activistas, encabezados por el paladín mexicano Superbarrio Gómez, efectuaron el jueves y fue contenida por la policía turca.
Ese derecho lo enrostran ante la comunidad internacional en esta cumbre, pero también ante los Estados cuyo "poder real ha sido disminuido por la globalización y permanecen como protectores de los intereses de las minorías en vez de garantes de los de las mayorías", según la Coalición para el Hábitat.
"No estamos en contra del mercado, sino de que se pretenda de que sea el único vehículo proveedor de vivienda y de que el crédito se concentre sólo en las empresas", argumentó Florián.
El Estado "debe intervenir por ejemplo en la regulación de recursos como la tierra, de oferta limitada e inflexible, y con tendencia siempre al alza en las ciudades", agregó.
Para la argentina Ana Tolu, otra activista de la Coalición, "el Estado debe también reconocer la producción social de hábitat, es decir la acumulación desarrollada por las poblaciones y, dentro de éstas por la mujeres, con frecuencia empleadas del sector informal y sin acceso al crédito".
Florián destacó que "en las ciudades de América Latina, desde el punto de vista físico, más de la mitad de su espacio urbanizado ha sido construido por la propia gente".
"Ese hecho debe tener una correspondencia en la gestión pública y el Estado, además de conservar recursos para su desarrollo, debe desarrollar las posibilidades de participacion de esas comunidades", añadió. (FIN/IPS/hm/dg/pr/96)
