Negociadores internacionales acordaron hoy oponerse a los desalojos forzados que violan los derechos humanos, durante el debate para la aprobación del Plan de Acción de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, que finalizará el 14 de junio.
Los delegados acordaron que el derecho a la vivienda adecuada cubre la protección y compensación de "desalojos forzados contrarios a la ley", desatando el último nudo en el largo debate sobre derechos de vivienda.
La cuestión de los desalojos, que incluye desalojos masivos por proyectos de desarrollo, limpiezas étnicas y redadas a ocupantes, resultó ser uno de los problemas más difíciles de la conferencia de la ONU, también llamada Hábitat II.
El acuerdo de los negociadores propone en el Plan de Acción proteger a las personas de desalojos "forzados" y no sólo "ilegales".
Activistas por los derechos a la vivienda hubieran preferido una redacción más tajante, pero se mostraron satisfechos con el compromiso logrado.
Según el consenso alcanzado, los gobiernos deben proteger a todas las personas y brindar asesoramiento legal y compensación por desalojos violentos contrarios a la ley, teniendo en consideración los derechos humanos.
La palabra "forzado" es más clara porque evita el argumento de que los desalojos "no pueden ser ilegales porque es legal en mi país", señaló Joanna Weschler, representante ante la ONU de la organización Human Rights Watch.
Según los activistas, la preocupación por las leyes represivas es considerada en la sección sobre desalojos forzados que establece que los derechos humanos deben ser tenidos en cuenta.
Aunque la Unión Europea (UE) respaldó la redacción que establece la protección contra los desalojos violentos como un tema de derechos humanos, varias fuentes indicaron que Estados Unidos se opuso.
La preocupación de Estados Unidos por los derechos de propiedad y las dudas de algunos países en desarrollo sobre el alcance de la protección a las comunidades de ocupantes o la oposición a los proyectos de desarrollo que implican su desplazamiento desataron la demanda de un acuerdo.
La redacción acordada es "una versión lavada" de la propuesta en un primer momento por la UE, el Grupo de los 77 países en desarrollo e India, dijo Minar Pimple, activista de Juventud por la Unidad y la Acción Voluntaria, con sede en Bombay. (FIN/IPS/tra- en/fh/js/rj/lp/dv/96)
