Mejorar las condiciones de vivienda es un tema urgente de salud pública y el principal reto habitacional en Bolivia, donde las vinchucas amenazan a millones de habitantes con la mortal enfermedad de Chagas.
Ello es seguramente más importante que construir nuevas viviendas en un país en el que 60 por ciento de los pobres viven en habitaciones precarias, especialmente en la zona rural, donde 89 por ciento de las casas están infestadas de vinchucas, señaló María Arce, directora de la Fundación Pro-Hábitat.
Esta organización desarrolla en el departamento de Tarija, en la frontera con Argentina, un proyecto de mejora de viviendas a bajo costo, a 574 dólares por unidad, como forma de erradicar definitivamente el insecto.
Una muestra de fotos, paneles con datos y folletos explicativos del proyecto representa a Bolivia en el Foro de organizaciones no gubernamentales que reúne a miles de personas en paralelo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II).
Bolivia, Brasil y Venezuela, los países más afectados por el mal de Chagas, acordaron un plan conjunto, pero en Bolivia la vinchuca presenta características particulares.
El rociado de veneno no soluciona el problema, destacó Rolando Velarde, coordinador del proyecto.
La vinchuca es un insecto de tipo silvestre y se refugia en los bosques donde hay animales, volviendo a infestar las casas, explicó Velarde. A ello se debe la necesidad de mejorar las vivendas y su entorno.
La Fundación llevó a cabo una experiencia piloto con 300 viviendas, que está extendiendo a un total de 5.000, involucrando a 25.000 personas, un tercio del área de Tarija. La comunidad participa en el diagnóstico, ejecución y supervisión de las obras.
Señalado como uno de los proyectos más exitosos de Bolivia en materia de Hábitat por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este programa no figura entre las cien "mejores prácticas" escogidas para Hábitat II, porque el gobierno local no lo inscribió a tiempo, según Velarde.
Pero la necesidad de ampliar el proyecto es imperiosa en un país donde 1,4 millones de personas, más de 20 por ciento de la población, han sido infectadas y 40 por ciento vive en situación de alto riesgo de contraer el mal de Chagas.
Esa enfermedad sin cura puede afectar al corazón y otros órganos, provocando estrangulamiento del esófago y de funciones intestinales.
En Bolivia hay 400.000 personas en fase aguda, momento en que el tratamiento necesario para recuperar al enfermo cuesta entre 200 y 3.000 dólares.
La población de mayor riesgo es la rural (cerca de 50 por ciento de los bolivianos viven en el campo) y la de las periferias urbanas (entre 40 y 52 por ciento de las viviendas de estas zonas están infestadas), indicó Pro-Hábitat.
Bolivia es un país muy pobre, donde 80 por ciento de las viviendas existentes son producto de la autoconstrucción.
María Arce tiene esperanzas de que la reforma administrativa que se procesa en el país actualmente, con la descentralización impulsada por la ley de participación popular, genere profundos cambios en ese panorama.
La ley permitió la creación de 308 organizaciones territoriales de base, unidades con personería jurídica reconocida que tienen acceso a recursos presupuestarios antes atribuídas sólo a grandes ciudades.
Por primera vez, en diciembre pasado, en esas pequeñas ciudades fueron electas autoridades municipales. El poder descentralizado abre así posibilidadeas de que las áreas más abandonadas, justamente esas en que reina la vinchuca, puedan mejorar sus condiciones de vida.
El combate a la enfermedad de Chagas coincide con la necesidad de una vivienda y un entorno adecuados para la población más pobre, sostiene María Arce.
La experiencia de la Fundación Pro-Hábitat puede ser útil a los países vecinos, incluso Argentina, donde la vinchuca siguen destruyendo vidas.
La Fundación fue creada en 1993 por el gobierno boliviano y Naciones Unidas para promover la participación comunitaria en el desarrollo de asentamientos humanos, ofreciendo entrenamiento y asistencia técnica. (FIN/IPS/mo/dg/pr-he/96)
