Una ola de secuestros determinó al Ministerio Público de Guatemala a pedir la pena de muerte para los responsables de esos delitos, y la iniciativa cuenta con apoyo de la mayoría de la población.
Entre enero y junio se denunciaron 86 secuestros en Guatemala y se cree que una cantidad igual o aún mayor de casos no fueron informados a la policía por temor a represalias de los secuestradores.
La mayoría de los cautivos son liberados contra el pago de rescates que oscilan entre 1.000 hasta varios cientos de miles de dólares, dependiendo de la capacidad económica de las víctimas, aunque algunos han sido torturados e incluso asesinados.
El vicepresidente Luis Flores dijo a la prensa que un sobrino suyo de 14 años, que no identificó, estuvo secuestrado durante 20 días, hasta que el martes recuperó la libertad sin que se pagara rescate a sus captores.
Flores informó que el joven presentaba daños físicos y psicológicos y había permanecido encadenado a una cama.
El Comando Antisecuestro de la policía desarticuló desde principios de este año alrededor de 15 bandas de supuestos secuestradores, según consta en los archivos de la Dirección de Investigaciones Criminológicas (DIC).
El DIC logró determinar que algunas bandas están encabezadas por miembros o ex integrantes de las fuerzas civiles y militares de seguridad.
Según la activista de derechos humanos Helen Mack, resulta extraño que la policía no detuviese hasta ahora a ninguno entre los autores intelectuales de los secuestros, pese a la cantidad de arrestos realizada.
Mario Polanco, dirigente de la organización humanitaria Grupo de Acuerdo Mutuo (GAM), aseguró que "los integrantes de la Sección de Inteligencia Militar agreden brutalmente a los delincuentes capturados, a fin de intimidarlos para que no delaten a los militares que dirigen las bandas de secuestradores".
"Prueba de ello son los cadáveres que aparecen con señales de tortura y el tiro de gracia", dijo Polanco.
Carlos Reynoso, ex presidente del Colegio de Abogados, y el Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, puntualizaron que legalmente procede la pena de muerte por el delito de secuestro, y que su aplicación no violaría el Pacto de San José.
El Pacto de San José prohíbe a sus firmantes incorporar la pena de muerte a su legislación, pero no contempla el caso de países como Guatemala, que admitía ese castigo extremo antes de adherir a aquel protocolo, explicó Reynoso.
Mientras, Valladares destacó que la pena capital "es la única que garantiza que el sentenciado no volverá a delinquir".
Cerca de 74 por ciento de las personas consultadas por institutos de encuestas se manifestaron favorables a la aplicación de la pena de muerte a secuestradores, frente a 25 por ciento de pronunciamientos en contrario.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, advirtió que la aplicación de la pena de muerte no abatirá los índices de criminalidad.
Pero García Laguardia admitió que los jueces pueden incorporar ese castigo a sus sentencias, dado que está previsto en el Código Penal guatemalteco.
El jefe del Gabinete de Identificación, Raúl Machamé, mostró el miércoles el dedo anular de la mano izquierda del empresario Enrique Corzo, quién permaneció secuestrado en esta capital junto a su hijo de 6 años.
El dedo cercenado fue enviado a la esposa del secuestrado como prueba de que los captores "no estaban bromeando" al exigir el rescate en determinado plazo. La familia de Corzo pagó finalmente un rescate de 300.000 dólares.
Juan Castañeda, un comerciante de 42 años, indicó a IPS que las víctimas han sido muchas veces niños, mujeres y ancianos, y "la pena de muerte debe ser aplicada a las personas que cometan este tipo de delitos", especialmente por la crueldad con que obran en la mayoría de los casos.
Janeth Mercader, una estudiante universitaria de 20 años, afirmó que solo quienes han tenido un familiar secuestrado conocen la magnitud del sufrimiento de la víctima y de su familia, y se pronunció a favor de la pena de muerte.
"La pena de muerte debe ser aplicada sin titubear, porque no se puede tener compasión con los criminales, si ellos no lo tienen con las víctimas", dijo otro consultado, José Luis Chacón.
El Comando Antisecuestro de la policía advirtió que, para mejorar la eficacia de su tarea, necesita aumentar de 80 a 200 su escuadrón de agentes especializados. (FIN/IPS/cz/ff/ip hd/96)
