La firma de un acuerdo entre el gobierno y los insurgentes guatemaltecos, aguardado para el 15 de spetiembre, acabará con una guerra interna de 35 años. Pero también será necesario un gran esfuerzo financiero para asegurar la paz.
La Secretaría General de Planificación Económica (Segplan) calcula en 2.300 millones de dólares el costo de la paz, y los fondos deberán destinarse especialmente a aquellos departamentos en que el conflicto alcanzó mayor intensidad.
Los sectores a rehabilitarse y ampliarse son la red de agua potable, las carreteras, telecomunicaciones, electricidad, educación, salud, vivienda, capacitación laboral y empleo.
Los servicios públicos faltan principalmente en los norteños departamentos de Alta y Baja Verapaz, y en los occidentales Quiché, Sololá, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Totonicapán, señaló el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
Se trata de los ocho departamentos de mayor pobreza del país, según la Segplan, y la mitad de sus 4,2 millones de habitantes son indígenas.
La mortalidad infantil es mayor en el medio rural y especialmente entre la población indígena con bajo nivel de instrucción. La falta de agua potable se manifiesta con mayor fuerza en el norte, donde 70 por ciento de los hogares no tienen ese servicio.
Mientras, el analfabetismo alcanza a 40 por ciento en los ocho departamentos señalados como áreas de conflicto, y la proporción de población pobre a 94 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El gobierno encomendó al ex ministro de Finanzas Richard Aitkenhead la difícil tarea de hallar el dinero que Guatemala necesita para consolidar la paz tras la finalización del conflicto armado.
Aitkenhead dijo a IPS que cabe esperar un aporte de 1.700 millones de dólares de la comunidad internacional, que será destinado a proyectos de emergencia.
Pero también deberá procederse a la modernización del Estado, que será responsabilidad del gobierno y de los organismos financieros, y reactivar la producción, un objetivo que requiere inversión y la ampliación de mercados para las exportaciones de Guatemala, puntualizó el funcionario.
Aún no se conoce en qué plazo y con qué condiciones se logrará el apoyo financiero, y algunas partidas anunciadas podrían finalmente faltar, agregó.
Aitkenhead insistió en la necesidad de crear condiciones para la inversión, tanto nacional como extranjera, y en que se debe vincular el crecimiento económico con el desarrollo social.
El crecimiento económico, que será de seis por ciento anual en los próximos años, según asegura el gobierno, "no es sostenible sin un desarrollo social que lo acompañe", afirmó.
Pero la segunda meta no será posible sin un fuerte aumento de la actividad, "que sólo se puede lograr con mayor inversión", dijo el experto.
El presidente guatemalteco Alvaro Arzú puntualizó que no es posible esperar del exterior la totalidad de los recursos fnancieros necesarios y el país debe contribuir con su parte.
"Estoy convencido de que los guatemaltecos somos conscientes de que se necesita el concurso de todos para sacar adelante el país, luego que se firme el acuerdo final de paz", declaró Arzú.
La población "dará el apoyo necesario a los requerimientos que se le haga y esto creará un ambiente propicio para enfrentar con firmeza el nuevo siglo en paz", dijo el presidente.
El gobierno de Guatemala negocia desde hace cinco años con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para poner fin al conflicto armado interno y, si bien se menciona el 15 de septiembre como momento para la firma de la paz, se trata de una fecha tentativa.
Entre las causas del conflicto armado figuran la ausencia "de un verdadero estado de derecho, en el sentido que todos seamos iguales ante la ley" y "un sistema económico de privilegios", manifestó María del Carmen Aceña, del CIEN.
"Esos son cambios de fondo en los que hay que avanzar", señaló Aceña. (FIN/IPS/cz/ff/ip/96)
