La posibilidad de una amnistía general para los involucrados en el conflicto armado de Guatemala causó la oposición de diversos sectores y movilizó a las organizaciones humanitarias que se unieron para conformar la Alianza contra la Impunidad y las Violaciones a los Derechos Humanos.
La Alianza, que reúne a las más conocidas y respetadas personalidades guatemaltecas que luchan contra las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, se formó el lunes, con la presentación de la agrupación y la lectura de una carta abierta dirigida al presidente Alvaro Arzú.
Entre los dirigentes de la Alianza contra la Impunidad se encuentran monseñor Juan Gerardi, Helen Mack, Rigoberta Menchú, Karen Fisher de Carpio, el sindicalista Miguel Angel Albizúrez, entre otros.
Las organizaciones humanitarias expresaron en forma conjunta, su enérgica condena a la amnistía general, así como a cualquier figura legal que fomente la impunidad.
El controvertido tema de la amnistía será tratado en la próxima reunión entre miembros de la gubernamental Comisión de Paz y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que desde hace cinco años dialogan para poner fin a un enfrentamiento armado interno que lleva 35 años.
La ronda de negociaciones, convocada para el día 21 en México, comenzará a tratar el tema "fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática" dentro del que corresponderá tratar la posibilidad de una amnistía de los involucrados en el conflicto armado.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga que estudiaba la situación de los refugiados y fue asesinada en 1990, dijo que la Alianza persigue "la búsqueda de la aplicación de justicia sin discriminación alguna".
"La realidad que vivimos nos demuestra hasta la saciedad, el grado de impunidad con que actúan los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, amparados en la falta de justicia y en decretos que los eximen de responsabilidad", señaló Mack.
Mack dijo este martes a IPS que el derecho de accionar judicialmente lo tienen las víctimas y "que no debe ser el Estado o las partes involucradas directamente en el conflicto quienes decidan si perdonan o no perdonan porque ese es nuestro derecho".
Según datos de organizaciones humanitarias más de 40.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado en Guatemala, el único que persiste en América Central, además, la guerra cobró la vida de 150.000 personas, causó un millón de desplazados internos y 45.000 refugiados que huyeron principalmente a México.
Por su parte, la dirigente indígena y Premio Nóbel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú dijo que la oposición a la amnistía es una iniciativa genuina que será propuesta a la mesa de negociaciones y al Congreso.
En la carta abierta se hace ver que la única forma de iniciar un proceso de reconstrucción real en Guatemala, será que tanto civiles como miembros del Ejército implicadas en violaciones a los derechos humanos deben ser tratados con todo el rigor que marca la ley.
Se expresó que es comprensible que se pretenda facilitar la reincorporación de la insurgencia a la vida política y social del país, pero ésta no debe darse sacrificando el derecho de los familiares de las víctimas de acceder a la justicia, ni de los acusados a que se presuma su inocencia.
Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, manifestó que la figura legal que se adopte para la reinserción de la insurgencia a la vida civil debería dejar a salvo el derecho de las víctimas de continuar con la acción penal.
Informó que en la segunda etapa de trabajo de la Alianza, se recogerán firmas para presentar al gobierno una carta en la que se le sugiera la figura legal que se podría asumir.
El presidente del Congreso, Carlos García Regás, dijo este martes que se encuentran analizando la figura legal adecuada para la reinserción de los combatientes, para lo cual acudieron a las embajadas de países como El Salvador, Uruguay y Nicaragua, para que les envíen antecedentes de cómo solucionaron este problema.
"No estamos a favor de una amnistía porque es un concepto muy general que puede permitir que otras personas se acojan a los beneficios de la misma. Por eso estamos estudiando la figura que permita la inserción de estas personas (los insurgentes) a la sociedad a partir de la firma de la paz", dijo García Regás.
Por su parte, el vocero del Ejército, coronel Guillermo Caal, aseguró que las Fuerzas Armadas acatarán las disposiciones que tomen las autoridades, pero opinó que en la Alianza deben estar representados los familiares de las víctimas del lado militar.
"Se debe recordar que hay militares y familiares que también han sufrido el embate de toda esta violencia a causa del enfrentamiento armado y también ellos deberían de tener derecho a estar representados en esta Alianza contra la Impunidad", dijo Caal.
El comandante Pablo Monsanto, integrante de la URNG, desmintió en México que se esté negociando una amnistía con el gobierno guatemalteco.
El líder rebelde informó a la prensa que en la reunión que mantuvieron el pasado fin de semana con los representantes del gobierno, las partes se pusieron de acuerdo en la forma y metodología para abordar el tema del fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
En lo referente a la reinserción de la guerrilla, Monsanto señaló que ese tema se tratará en su momento y consideró como "pura especulación" las versiones sobre la amnistía. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96)
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