Los líderes de la Unión Europea (UE) finalizaron su cumbre del fín de semana con un pacto para hacer la vida imposible a delincuentes, narcotraficantes e inmigrantes ilegales que osen actuar en la Europa sin fronteras.
Los 15 estados miembros allanaron el camino para la creación de una agencia de investigaciones paneuropea, una suerte de Euro-FBI, que recibirá sus atribuciones de países con tradiciones liberales y sistemas judiciales independientes.
La Oficina de Policía Europea (Europol) ya está -nominalmente- en operaciones con un plantel de 100 funcionarios que trabajan en La Haya. Su misión específica será combatir el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado, explicó el ministro holandés de Exteriores Hans van Mierlo.
Sin embargo, británicos y franceses se muestran reluctantes en delegar sus redes de seguridad y tambien cautos acerca del eventual papel de Europol en la lucha antiterrorista.
Los holandeses, a su vez, se resisten a cambiar su legislación para permitir una represión a nivel paneuropeo del narcotráfico. Muchos cuestionan la eficacia de una burocracia policíaca multinacional en la lucha contra "mafias" locales con alcances extraterritoriales.
La cuestión de quién ejercerá el control sobre los policías europeos tampoco está clara.
Gran Bretaña se opuso a que el Tribunal Europeo de Justicia, un brazo del Consejo de Europa, supervise a Europol. Por el contrario, holandeses y belgas insisten que el tribunal debe tener autoridad sobre la nueva fuerza para proteger los derechos de los ciudadanos.
El acuerdo de compromiso de Florencia permite a 14 países aceptar la jurisdicción del Tribunal Europeo con sede en Luxemburgo pero deja a Gran Bretaña la opción de no participar en algunos casos.
No obstante, esos países que pedirán al tribunal la intervención de Europol todavía deben definir la competencia jurídica de esa corte. Algunos estados, como Holanda, desean que cualquier juzgado, no importa cuán parroquial sea, pueda dirigirse al tribunal.
Otras naciones, como Francia, solo permitirán que se sometan casos al Tribunal Europeo luego que sus respectivos foros judiciales los hayan ventilado. Francia, como Gran Bretaña, tiene un sistema judicial con profundas raíces históricas, y ambos temen que la seguridad de sus servicios de inteligencia se vea comprometida al permitir el libre flujo de información policial a través de Europa.
La decisión de no participar de Gran Bretaña y Francia probablemente suscitará suspicacias en Holanda y Bégica, donde sus parlamentos desean garantizar a todos los ciudadanos el derecho de acceder en forma rápida y definitiva al sistema judicial europeo.
El acuerdo de compromiso podría significar que los ciudadanos de la UE que acudieron con éxito a los tribunales para quejarse sobre información errónea en los archivos de Europol, se encuentren inermes para que la policía británica destruya datos falsos, inexactos o fraguados.
Algunos estados europeos creen que el tribunal debería tener amplios poderes para pronunciarse sobre qué tipo de información debería permitirse que Europol maneje en sus archivos.
Según expertos legales de la UE, el tribunal deberá intervenir en seis áreas claves: cuando pruebas intercambiadas a través de Europol puedan ser usadas como evidencias en tribunales nacionales europeos, para dirimir casos de difusión inapropiada de datos confidenciales, fijar responsabilidades, determinar daños y regular su aplicación a través de tribunales nacionales para tener acceso a información en los archivos de Europol.
La falta de claridad, en gran parte, es atribuída a Gran Bretaña. Antes de la cumbre de Florencia, Londres bloqueó por un mes la revisión del protocolo original de Europol, firmado en Cannes, Francia, en 1995, mientras arreciaba la polémica sobre la exportación de carne supuestamente proveniente de "vacas locas".
Como resultado, el pacto actual será firmado por los ministros de Justicia el mes próximo bajo presión de los alemanes. Europol es prioritaria para el canciller germano Helmut Kohl, quien está convencido que un fracaso de la UE para coordinar la lucha contra el crimen podría allanar el camino a la extrema derecha.
La seguridad interna será uno de los temas principales que deberá afrontar la UE en el próximo siglo, dijo Kohl. "Los políticos que no comprenden esa necesidad no deberían buscar una reelección", observó en una directa alusión al primer ministro británico John Major.
Gran parte de las objeciones británicas a un rol del Tribunal Europeo surgieron a raíz de los intentos de Major de aplacar sntimientos antieuropeos en sus correligionarios del parlamento. Los legisladores británicos no desean que los tribunales de Luxemburgo reviertan o influyan en dictámenes de cortes británicas.
El jefe de Europol, Juergen Storbeck, hablando en Berlin durante una reciente conferencia del Instituto Aspen sobre criminalidad en la Europa sin fronteras, expresó que la falta de claridad sobre las atribuciones de su agencia la obliga a operar en un vacío legal.
Storbeck, un ex abogado del Buró de Investigaciones Criminales de Alemania (BKA), afirmó que Europol era la mejor oportunidad para que los estados miembros de la UE combatan la criminalidad no restringida por fronteras. "Ya nos ocupamos de narcotráfico, robo de autos e inmigración ilegal, pero las futuras áreas de competencia deberían cubrir todo el crimen internacional", dijo.
Sin embargo, Storbeck, que cuenta con cuatro subjefes, un italiano, un luxemburgués, un británico y un belga, admitió que pasará todavía mucho tiempo hasta que el madeja legal en la UE sea accesible a todos para disponer de una fuerza de policía común.
Los holandeses están bajo intensa presión para que endurezcan su permisiva legislación sobre narcóticos. Alemania y Francia se quejaron que la indiscriminada venta de cannabis alienta el consumo de estupefacientes más allá de sus fronteras.
Eduard Lintner, secretario de stado alemán para la política sobre drogas, describió a Holanda como el "eje" de la industria europea de estupefacientes. "Todos nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico fracasarán mientras las drogas sigan siendo tan abundantes y fáciles de conseguir debido a la política de nuestro vecino occidental", apuntó.
Parlamentarios europeos señalaron que no todos los estados de la UE han ratificado y aplicado la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito en Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, y la Convención del Consejo de Europa sobre lavado, rastreo, arresto y confiscación del producto del comercio criminal.
El desarrollo de Europol se produce en un momento que los servicios secretos británico y francés, una vez desaparecida con la Guerra Fría la amenaza soviética, están restructurando sus operaciones y dirigiéndolas contra el terrorismo y el crimen organizado. Ambos países desean conservar el control exclusivo de su información reservada.
Las 15 naciones que componen Europol están divididas acerca del arresto y extradición de supuestos terroristas. Una áspera divergencia surgió en 1995 entre España y Bélgica porque Bruselas negó la extradición de un separatista vasco acusado de terrorismo.
Desde entonces las naciones de la UE han acordado, en principio, reducir su derecho de rechazar extradiciones por los llamados "crímenes políticos".
Sin embargo, el problema que más irrita a las fuerzas de Europol es la inmigración ilegal. "La inmigración ilegal organizada es nuestra mayor preocupación en este momento", declaró Willy Bruggerman, un coordinador de la agencia policial.
"Se trata de un problema que aumenta en frecuencia, cantidad y gravedad", expresó. Irónicamente, es el único sector en que Europol puede contar con la cooperación irrestricta de los 15 estados miembros de la UE. (FIN/IPS/tra-en/jp/rj/ego/ip).
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