El gobierno de España aprobará la próxima semana un gigantesco plan de privatizaciones, que le permitirá ingresar 5.000 millones de dólares en un año y medio y que reducirá sensiblemente el sector público.
El diario madrileño El Mundo anticipó el plan este viernes, citando como fuente a "altos cargos del Ministerio de Economía", aunque en éste se puntualizó que aún no hay nada definido.
Apenas conocido el proyecto, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) se pronunció en un comunicado por detener las privatizaciones y establecer un sistema transparente para articular la cooperación entre las iniciativas empresariales públicas y privadas.
Una semana antes, el banquero Rafael Termes presentó el "Informe sobre el papel del Estado en la economía española", conocido como "el informe Termes", para proponer una revisión completa del Estado, en el marco de la Constitución, "que devuelva la iniciativa a la sociedad".
En suma, Termes se declaró partidario de liquidar las empresas públicas inviables, que generan pérdidas crónicamente, y privatizar el resto.
Una idea del ímpetu privatizador se desprende de las palabras de un alto responsable del Ministerio de Economía, que El Mundo cita sin revelar su nombre: "No nos importaría vender incluso la sede del propio Ministerio de Economía y Hacienda y alquilársela al nuevo propietario".
Según El Mundo, el plan gubernamental contempla constituir un Consejo Asesor de Privatizaciones, compuesto por siete personalidades independientes y de reconocido prestigio.
Ese Consejo estudiaría un informe técnico financiero previo a cada privatización y si su dictamen fuese favorable, la propuesta pasaría al Congreso de los Diputados para su tratamiento legislativo.
El llamado Plan Estratégico de Privatizaciones no se haría público, para no dificultar las operaciones, pero el gobierno se propone informar ampliamente sobre cada operación concreta, "para que no haya dudas sobre su pureza desde el punto de vista técnico y financiero", según uno de los autores del proyecto.
Una vez cumplido el plan no quedarían empresas ni grandes o valiosas extensiones de terreno en propiedad del Estado.
CCOO se opone a ese criterio, y su posición es compartida por la Unión General de Trabajadores, la otra central sindical mayoritaria, y por la coalición Izquierda Unida (basada en el Partido Comunista). El Partido Socialista Obrero Español, el segundo en el parlamento, se opondría parcialmente.
CCOO entiende que la empresa pública ofrece un gran potencial de desarrollo, con fuerte capacidad inversora y de generación de empleo estable. Además, dice, la empresa pública es útil como instrumento de política industrial, y debe abrirse a la participación de los trabajadores en su dirección.
La central sindical no se es contraria a la empresa privada y se manifiesta a favor de que las públicas se alíen con socios privados comerciales, financieros o tecnológicos, "pero sin que ello implique que el Estado se desentienda de la gestión empresarial".
La oposición de los sindicatos se expresará probablemente en movilizaciones, declaraciones y actos públicos. El gobierno del centroderechista José María Aznar cuenta con el apoyo de sus parlamentarios y de los nacionalistas moderados catalanes y vascos, para lograr la aprobación parlamentaria de las privatizaciones. (FIN/IPS/td/ff/if ip/96)
