El gobierno español anunció hoy un recorte de sus gastos para estabilizar la economía, destacándose una fuerte reducción de los presupuestos para obras públicas y medio ambiente.
El secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO, procomunista, una de las dos centrales mayoritarias), Antonio Gutiérrez, criticó la medida porque afecta ainfraestructuras y construcción, dos sectores generadores de empleo.
Gutiérrez calificó de mala señal que la reducción de los gastos oficiales se centre en el Ministerio de Fomento, encargado de las obras públicas, pues ese organismo debería ser el motor de la recuperación económica.
Desde Luxemburgo, donde se encuentra participando en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ministro del ramo y vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato afirmó que la reducción del déficit público es imprescindible para que España pueda ingresar en la Unión Monetaria en 1997.
Las medidas, añadió, benefician al conjunto de la sociedad, porque dan garantía a los mercados y a la opinión pública de que la política económica del gobierno está dirigida a lograr la estabilidad. Eso, prosiguió, es una ventaja para impulsar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo.
La reducción del gasto público se aplicará a partir de este lunes y suma el equivalente a 1.800 millones de dólares. El 33 por ciento de esa reducción afectará a los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. El ministerio menos afectado será el de Defensa, con una rebaja equivalente a 600.000 dólares.
CCOO calificó de "inadmisible' la disminución del gasto en protección ambiental.
Aludiendo a que el gobierno del centroderechista José María Aznar creó el Ministerio de Medio Ambiente, un portavoz de la central sindical dijo que es comenzar con muy mal pie, porque un departamento específico se crea para reforzar a impulsar las` medidas de protección ambiental y no para debilitarlas.
En medios próximos al equipo económico se informó también que el gobierno tiene pensado subir el sueldo de los empleados públicos y la pensión de los jubilados en 2,6 por ciento en 1997, de acuerdo a los primeros borradores de los presupuestos generales del Estado para ese año, que en setiembre comenzará a discutir el parlamento.
Si la tasa de inflación para 1997 superara el 2,6 por ciento previsto por el gobierno, las pensiones serían reajustadas, pero los sueldos de los funcionarios públicos no, por lo que se produciría una baja en su salario real. (Fin/IPS/td/dg/if/96)).
