Cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad de El Salvador acusados de actividades terroristas fueron llevados hoy ante la justicia y podrían ser condenados a 30 años de prisión, la máxima pena en este país centroamericano.
Los estudiantes Ricardo Antonio Núñez, Zair Antonio Gálvez, Félix Boanerges Y Remo Elmer Torres fueron capturados el sábado pasado por la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de dos atentados con explosivos supuestamente contra el ex presidente Alfredo Cristiani.
No obstante, los acusados se declararon inocentes y "víctimas de un chantaje político" al presentarse este lunes ante la prensa.
Rolando García, subdirector de Operaciones de la PNC, señaló que existen suficientes pruebas para responsabilizar a los capturados de la explosión de un coche-bomba el 25 de abril y se los acusa, además, de haber detonado una carga explosiva en el edificio de Seguros e Inversiones S.A., el 23 de mayo.
Ambas acciones estaban dirigidas contra Cristiani, según la policía, debido a que la primera se ejecutó a pocos metros de su residencia y la segunda en una de sus empresas.
El gobierno salvadoreño luego de ambas acciones terroristas solicitó a Estados Unidos cooperación en las investigaciones, por lo que Washington envió agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que indagaron un atentado explosivo en Oklahoma el año pasado.
En un principio, analistas locales consideraron que las acciones contra Cristiani eran consecuencias de pungas internas del partido oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lo que fue desmentido por el propio ex presidente.
Fuentes policiales indicaron que los capturados pertenecen al autodenominado movimiento Voz Popular Revolucionaria del Pueblo (VPRP), que en el pasado se atribuyó varios mensajes propagandísticos y el incendio de autobuses en los alrededores de la Universidad.
Según los investigadores policiales, a los estudiantes detenidos se les decomisó explosivos y documentos, así como supuestos planes para atentar contra una empresa multinacional, una institución del Estado y la Casa de Gobierno.
Los implicados aceptaron haber militado en el ex rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo, convertido en la actualidad en el Partido Demócrata (PD), con el que han tenido diferencias políticas e ideológicas.
El PD es liderado por el ex comandante Joaquín Villalobos, quien tras su escisión del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hizo alianzas con el gubernamental y derechista partido ARENA.
Los estudiantes detenidos afirmaron que los explosivos encontrados en los allanamientos en sus domicilios fueron colocados por los mismos agentes policiales y anunciaron que si el juez encargado del caso les decreta una detención provisional, realizarán una huelga de hambre.
Nuñez, a quien se señala como jefe de VPRP, manifestó que las imputaciones eran "calumniosas" y un "chantaje político" que presume procede del PD por las diferencias que han tenido.
La Iglesia Católica se mostró cautelosa al conocer las detención de los estudiantes y manifestó que las investigaciones tienen que profundizarse para dar con todos los autores materiales e intelectuales de los atentados terroristas.
En tanto, el diputado del FMLN Miguel Sáenz apuntó que es una práctica común que funcionarios del gobierno y ARENA traten de involucrar a ex miembros de la organización guerrilla en atentados terroristas.
"Estamos en contra de esos atentados, por la democratización del país nos movemos en un escenario político", enfatizó Sáenz, en tanto el también parlamentario Jorge Villacorta señaló que si a los imputados se les comprueba responsabilidad debe caer "todo el peso de la ley sobre ellos". (FIN/IPS/jd/ag/ip/96)
