La población de reclusos de la hacinada prisión de Santa Ana, en El Salvador, comenzó con una huelga de hambre una serie de medidas de protesta que podrían terminar con el ahorcamiento por sorteo de sus protagonistas.
La huelga de hambre en la cárcel de Santa Ana, una ciudad situada a 66 kilómetros de San Salvador, fue iniciada esta semana y se prolongará hasta el día 30, último plazo otorgado por los reclusos a las autoridades para aceptar sus demandas.
Los dirigentes de la protesta advirtieron que recurrirán a la "lotería de la muerte" en caso de que el gobierno no atendiera sus pedidos. Esa forma extrema de presión consistiría en la inmolación por sorteo de los propios presidiarios.
La prisión de Santa Ana alberga a casi 900 reclusos, más del doble de los que admite su capacidad real, y 790 se unieron a la huelga de hambre, informó Abraham Paniagua, líder del movimiento de protesta.
El sistema penitenciario salvadoreño comprende 16 prisiones, entre los que se cuenta la cárcel de mujeres, tiene capacidad para albergar a 3.694 reclusos, pero éstos son actualmente 8.241, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La Procuraduría señaló que la tensa situación en las cárceles provocó el último año una serie de motines.
Entre los problemas más graves de las prisiones salvadoreñas se destacan la falta de seguridad interna, la presencia de organizaciones delictivas, el tráfico de drogas, la mala alimentación de los reclusos y la falta de atención médica.
El gobierno argumenta que no dispone de recursos financieros suficientes para resolver la crisis del sistema penitenciario, aunque ha anunciado que invertirá 14 millones de dólares para habilitar nuevos centros de detención.
A la grave situación de las prisiones se suma la ineficiencia del sistema de justicia. En efecto, 75 por ciento del total de reclusos no han recibido sentencia.
Los internos de Santa Ana, a cuya protesta podrían sumarse otras prisiones, exigen la excarcelación de reclusos de buen comportamiento y de quienes permanecen detenidos por faltas y delitos no graves.
La promulgación en marzo de una ley de emergencia contra la delincuencia aumentó el hacinamiento en las cárceles, debido a la gran cantidad de detenciones realizadas desde entonces por la policía.
Así mismo, varios detenidos que permanecen en celdas de las comisarías de policía y de las alcaldías, pues los reclusos impiden su ingreso en las cárceles, se manifestaron dispuestos a unirse a la protesta de Santa Ana.
Según dirigentes de oposición, el gobierno de Armando Calderón Sol carece de planes concretos para enfrentar el auge de la criminalidad y la crisis del sistema penitenciario.
Un promedio de 23 personas asesinadas y 74 heridas se registra diariamente en El Salvador, informó la Fiscalía General de la República. Esas estadísticas identifican a El Salvador como uno de los países más peligrosos de América, de acuerdo con medios de prensa.
El diputado demócrata cristiano Arturo Argumedo exigió la aprobación de los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal, para combatir la delincuencia y modernizar y democratizar el sistema de justicia.
Argumendo señaló la detención domiciliaria, el trabajo comunal los fines de semana y el trabajo bajo custodia para el caso de ciertos delitos como opciones para resolver la crisis penitenciaria.
Por su parte, el diputado centroizquierdista Jorge Villacorta destacó que la creación del juicio oral, prevista en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal, agilizará los procesos y se superará la lentitud de la administración de justicia.
Mientras, la Procuradora para la Derensa de los Derechos Humanos, Victoria de Avilés, media entre los presidiarios de Santa Ana y las autoridades, para evitar la "carnicería humana" que provocaría la lotería de la muerte. (FIN/IPS/jd/ff/hd/96)
