La Cámara de Representantes de Estados Unidos no tomó en cuenta las advertencias de los aliados europeos de este país y aprobó un proyecto de ley que establece castigos a compañias extranjeras que inviertan en Irán y Libia.
La norma cuenta con el respaldo del presidente Bill Clinton y su aprobación supuso un difícil acuerdo entre los legisladores proisraelíes, que pretenden medidas aun más duras, y los defensores del libre comercio, preocupados porque la medida complique la imagen de Estados Unidos ante sus aliados.
La votación en la Cámara de Representantes se produjo este martes, 24 horas después de que Canadá anunció medidas en represalia en caso de que Washington implemente la ley Helms- Burton, que impone sanciones a compañías extranjeras que tengan negocios en Cuba.
Esta ley, que también contó con el apoyo de Clinton, castiga a quienes "trafiquen" con propiedades cubanas comerciales que hayan sido propiedad de empresas estadounidenses expropiadas por el gobierno de Fidel Castro tras la revolución de 1959.
La ley Helms-Burton permite a los antiguos dueños de esos bienes, sean o no ciudadanos estadounidenses cuando los poseían, querellar a las empresas "traficantes" en cortes del país norteamericano.
La norma, sancionada apresuradamente tras el derribo de dos aviones tripulados por opositores a Castro en aguas territoriales de Cuba, también permite a Washington negar el visado para ingresar al país a ejecutivos de esas compañías y a integrantes de sus familias.
México, la Unión Europea y países socios de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos rechazaron la ley, a la que consideraron un "boicot secundario" ilegal y una intervención impropia, por su carácter extraterritorial, en la acción de empresas extranjeras.
La norma permite al presidente "suspender" la aplicación de la mayoría de las disposiciones controvertidas que contiene.
Pocos creen que Clinton lo haga antes de las elecciones de noviembre, pues los votos de los exiliados cubanos con ciudadanía estadounidense que residen en Florida y Nueva Jersey son claves en su campaña por habitar la Casa Blanca hasta el 2001.
Un cálculo político similar se efectúa en el caso de la ley contra Irán y Libia. "Una posición dura contra los 'países canallas' no perjudicará a nadie", dijo un funcionario del Congreso esta semana.
Las sanciones contra Irán comenzaron hace más de un año, cuando Clinton advirtió a una gigantesca empresa de carburantes de Houston, Conoco Inc., que sería perjudicial para ella acordar la explotación de dos campos petroleros en ese país.
Respaldado por el poderoso "lobby" proisraelí, el senador republicano Alfonse D'Amato promovió la aprobación de leyes dirigidas a impedir que empresas extranjeras, en especial la petrolera francesa Total SA, sacaran ventaja del retiro forzado de Conoco Inc.
La ley formulada por D'Amato permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a bancos y empresas que suministren préstamos o inviertan más de 40 millones de dólares en la industria petrolera de Irán, cuyo gobierno, según numerosas versiones, financia actividades terroristas en Israel.
Washington podrá elegir al menos una entre cuatro opciones de castigo a esas compañías, entre ellas la negativa de créditos o financiamiento del Export-Import Bank, el rechazo de licencias de exportación y la limitación de préstamos de bancos estadounidenses a esas empresas a 10 millones de dólares.
Durante el debate en el Senado en diciembre pasado, el senador demócrata Edward Kennedy sostuvo que Libia también debía ser castigada, y mencionó en tal sentido las sospechas de que ese país participó en el atentado con bomba a un avión de Pan American en 1988.
La aprobación de la ley fue un duro golpe para países europeos cuyas compañías tienen grandes inversiones en el sector petrolero de Libia e Irán. Aunque la ley aún no está en vigor, funcionarios de Washington afirman que su simple formulación desalentó a varias empresas de concretar negocios en esos países.
En la Cámara de Representantes, un grupo de legisladores tanto del gobernante Partido Demócrata como del opositor Partido Republicano elaboraron una versión aun más dura que el proyecto aprobado por el Senado.
De acuerdo con este proyecto, las empresas que vendan equipo para la industria petrolífera a Irán y Libia también afrontarán sanciones, entre ellas la prohibición de contratos con el gobierno de Estados Unidos.
Esta medida fue modificada sustancialmente la semana pasada por un comité de la Cámara de Representantes donde tiene considerable fuerza un "lobby" patrocinado por empresas multinacionales de capital europeo.
La nueva propuesta exceptúa de las sanciones a las empresas que vendan equipamiento y a los bancos que presten dinero para inversiones en Irán, y establece que los castigos a las compañías extranjeras que inviertan en el sector petrolífero en Irán serán potestad del gobierno de Estados Unidos, no obligatorias.
Luego de la votación en la Cámara de Representantes, Clinton presiona al Senado para que apruebe esta versión, lo cual no está asegurado. Algunos senadores pretenden sanciones tan duras como las contenidas en el proyecto original.
A pesar de los cambios, la Unión Europea continúa oponiéndose a la ley propuesta, pues "aún es extraterritorial y unilateral", dijo la portavoz del bloque, Ella Krucoff.
La Unión Europea reclamó un análisis de la ley Helms-Burton a la Organización Mundial del Comercio, y hará lo mismo de aprobarse la ley contra Irán y Libia. (FIN/IPS/tra-en/jl/pz/mj/ip if/96)
