El informe anual de Amnistía Internacional (AI), en el que se denuncian torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad de Ecuador, provocó hoy una polémica entre el gobierno, que rechazó el documento, y organizaciones humanitarias de este país andino.
"Un sólo torturado, un sólo asesinado es suficiente", dijo Elsie Monge, miembro de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, al rebatir declaraciones del vicepresidente, Eduardo Peña.
Para Peña, el informe de AI "contiene acusaciones injustas" ya que, "por dos o tres errores se pretende calificar un gobierno de cuatro años, que se ha destacado por el respeto constante a los derechos humanos".
"La tortura no es la única forma de violación a los derechos fundamentales", señaló Monge, "la falta de empleo, la imposibilidad de acceder a la educación y a los servicios de salud, son para Monge "derechos humanos que el Estado debe garantizar".
Según el informe de AI, decenas de civiles, ecuatorianos y extranjeros, fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad durante el estado de emergencia decretado a raíz del conflicto fronterizo con Perú, en enero de 1995.
Pablo Torres, director de AI en Ecuador, señaló que el estado de emergencia, que se prolongó hasta principios de 1996, dio total libertad de acción a las fuerzas de seguridad "que continuaron cometiendo violaciones a los derechos humanos para resolver problemas internos".
"Estos errores no significan que el gobierno haya ordenado asesinato alguno", dijo Peña, cuya posición fue avalada este jueves por la cancillería, que negó las acusaciones vertidas en el informe.
El documento de AI "no se ajusta a la realidad", según el comunicado que la cancillería ecuatoriana difundió, "Ecuador desvirtuó oportunamente ante las instancias internacionales correspondientes estos hechos ahora imputados".
El gobierno ecuatoriano "prefiere lavarse las manos ante las acciones de sus cuerpos de seguridad, pero eso no les resta responsabilidad ante el país", concluyó Monge. (FIN/IPS/mg/jc/hd/96
