En las cada vez más narcotizadas relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la solicitud de extradición de los jefes del Cártel de Cali resulta un nuevo y fuerte apretón de clavijas de Washington al gobierno del presidente Ernesto Samper.
Mientras para los narcotraficantes la extradición es la más temida arma jurídica, para el gobierno colombiano la exigencia de la Fiscal estadounidense Janet Reno tiene todos los visos de un examen final de buen comportamiento.
Estados Unidos reclama a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, al también preso Juan Carlos "Chupeta" Ramírez y la del prófugo Helmer "Pacho" Herrera, por quien la policía colombiana ofrece 1,5 millones de dólares de recompensa.
"Nos urge fuertemente" que se notifique "a los criminales internacionales que no están fuera de peligro, tomando todos los pasos necesarios para efectuar la rápida extradición", dice Reno, desconociendo que desde 1991 la Constitución colombiana prohibió la extradición de nacionales.
Por el tono imperativo de la nota de Reno al ministro de Justicia, Carlos Medellín, y en la óptica estadounidense de la obligatoriedad de los tratados internacionales y de la aplicación de la ley en ambos países, se plantea el siguiente dilema: la cabeza de los capos o la del presidente.
Es la "diplomacia coercitiva estadounidense de la posguerra fría", en términos de Juan Gabriel Tokatlian, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Bogotá.
Esta diplomacia consiste en utilizar diversos medios de presión "para asegurar el ajuste y el cambio interno en un país sin la intervención de consideraciones ideológicas férreas y de acuerdo con los dictados geoeconómicos y estratégicos de Washington", señaló el experto.
La posición estadounidense no es nueva. Pero en el actual escenario de las relaciones entre Washington y Bogotá, la petición formal de extradición de los jefes del Cártel de Cali añade un ingrediente de tensión.
El argumento jurídico de la inconstitucionalidad esgrimido por el gobierno colombiano no logra imponerse sobre un forcejeo político complejo que involucra virtuales sanciones económicas, con efectos en el apoyo de grandes grupos de poder a Samper.
Hace una semana que las comisiones aeronaúticas de ambos países dirimen un conflicto porque la compañía estadounidense American Airlines pidió recuperar el cupo de vuelos diarios Bogotá-Nueva York que era la contraparte a la cobertura de la misma ruta por parte de la empresa nacional Avianca.
Según Colombia, el cupo estadounidense está cubierto por la empresa Continental.
Pero la persistencia del requerimiento de American Airlines pone en riesgo la operación de Avianca, empresa estrella del grupo económico Santodomingo, principal pilar del apoyo privado al gobierno de Samper.
La exigencia de extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela y los otros dos jefes del Cártel de Cali, a quienes ya se sigue juicio en Colombia, se produce a dos semanas de que la Cámara de Representantes exonerara a Samper en el proceso sobre presuntos aportes del narcotráfico a su campaña electoral en 1994.
La decisión dio lugar a un parco reconocimiento del presidente estadounidense Bill Clinton de la soberanía colombiana y reacciones discrepantes de otros centros de poder en Washington.
El secretario de Estado adjunto, Robert Gelbart, comparó a los servicios de inteligencia de Colombia con los de Moscú en la época de la guerra fría, por presunto espionaje teléfónico al embajador Myles Frechette.
La polémica provocó la caída del director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia policial), Marco Tulio Gutiérrez. quien había calificado de bellaco a Frechette.
Por si fuera poco, en la justicia colombiana no hay unanimidad sobre la incostitucionalidad de la extradición.
José Gregorio Hernández, presidente de la Corte Constitucional, y Carlos Esteban Jaramillo, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, lideran la posición a favor de la extradición.
Según el politólogo Hernando Gómez, "Estados Unidos tiene la capacidad de presionar para exigir la extradición obligando a que se reforme la Constitución o a que se acuda a la Convención de Montevideo".
También el Fiscal General, Alfonso Valdivieso, se ha mostrado proclive a restablecer el mecanismo. Aunque considera que no es oportuno pronunciarse sobre el asunto también ha dicho que "la extradición no es un tema tabú".
En el frente del narcotráfico sigue vigente la consigna impuesta a fines de la década pasada por el Cártel de Medellín: "preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos".
Aunque el Cártel de Cali, a diferencia del de Medellín, ha mantenido una línea de acción no violenta, no se descarta una ola de atentados en caso de plantearse una reforma de la Constitución.
El chantaje a fuerzas opositoras de Samper, habría sido el motivo del secuestr de Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria (1990-94) y actual secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), por parte del grupo Dignidad por Colombia.
El canje de Juan Carlos Gaviria por siete miembros de la banda de secuestradores que fueron recibidos por el gobierno de Cuba, se produjo la víspera del fallo de la Cámara de Diputados en el juicio al presidente.
Hay quienes asimilan, además, el voto de la OEA contra la extraterritorialidad que plantea la ley Helms-Burton estadounidense que endurece el bloquo contra Cuba, con el veto de la extradición que ahora reclama Washington a Colombia. (FIN/IPS/mig/ag/ip/96
